¿Quién es el responsable del caos?

Jorge Morelli

El lugar que aparece en las fotos es el nuevo pueblo de Fuerabamba, o Nueva Fuerabamba, la ciudad que la empresa minera de Las Bambas, MMG una corporación de capitales chinos en su mayor parte, construyó para permutarla por los terrenos donde se asentaba la antigua Fuerabamba.

Esto, porque debajo de ella se hallaba el yacimiento de cobre de la mina más grande del Perú. En consecuencia, para poder acceder al mineral, la empresa construyó la nueva ciudad a fin de mudar a la población. Además, entregó una suma considerable a cada familia, un colegio y un policlínico. Seguía así el ejemplo del caso de Toromocho, donde la empresa minera Chinalco, china igualmente, también construyó una nueva ciudad para reubicar a la población y poder trabajar en los terrenos de la ciudad antigua. Son las reglas de la nueva minería en todas partes. Primero hay que establecer la confianza, antes incluso de comenzar con la inversión en la explotación.

Cuál es, entonces, la razón de que todo se haya desviado tanto de su cauce en Las Bambas? Como siempre, la clave de todo está en el tema de la propiedad.

Veamos. En la legislación estadounidense, el dueño del suelo es dueño del subsuelo al mismo tiempo y, por lo tanto, de todos los recursos que contiene. Si alguien encuentra petróleo u oro en su patio trasero llama a la empresa de petróleo o de oro y firma un contrato con ella. En el Perú, si uno encuentra oro en su patio, el oro es del Estado. Y es el Estado entonces el que firmará el contrato con la empresa. Esta es la raíz de todos los conflictos.

En América Latina en general, siguiendo el modelo de la legislación del naciente Estado alemán de fines del siglo XIX, el dueño del subsuelo es el Estado. El suelo puede pertenecer a un privado, a una comunidad andina o amazónica, por ejemplo. En algunos casos de forma inmemorial. Algunas comunidades andinas todavía guardan sus títulos otorgados por la Corona española durante el Virreinato.

La mayoría de las seis mil comunidades andinas y las dos mil amazónicas, sin embargo, no son propietarias de sus tierras en el sentido pleno de la palabra. Porque el Estado peruano no les ha entregado títulos de propiedad. Si son poseedores desde siglos atrás ¿por qué el Estado peruano no ha titulado la propiedad íntegramente?

Las complejidades tecnológicas no son sino pretextos. Si la Corona española pudo entregar títulos a las comunidades, con qué pretexto se va a argumentar que en 200 años de República el Estado moderno no ha podido hacerlo. Hay otras razones: una de ellas son los litigios judiciales interminables. Otra falla monumental del Estado.   

En el caso de la relación entre las comunidades andinas y las empresas mineras hay siempre, entonces, tres puntos de vista: el de la comunidad, el de la empresa y el del Estado. Para analizar, hay que mirar el asunto desde los tres puntos de vista.

El de las comunidades de Las Bambas es que son propietarios o poseedores de unas tierras sobre las que se construyó una carretera que luego sería declarada “vía nacional”. De esta manera, no hay una servidumbre de paso por la cual la comunidad pueda cobrar. Pero las comunidades se sienten postergadas. Las de la periferia del entorno inmediato también quieren participar de los beneficios, ser parte de la “zona de influencia”. Y encuentran entonces que es legítimo echar mano de lo que esté a su alcance para hacerse escuchar y hacer valer su derecho percibido. Aparecen entonces oportunistas políticos que proponen el bloqueo de la carretera de salida del mineral hacia el puerto. Y llegan luego al extremo de extorsionar a la empresa a cambio de levantar el bloqueo mientras las comunidades son intimidadas o deslumbradas por el interés. 

El punto de vista de la empresa está ilustrado en las fotos adjuntas. La empresa cumplió el compromiso de construir el nuevo pueblo, con un colegio, un policlínico y plantas de agua, y ha entregado a cada familia una cantidad importante. Paga puntualmente regalías e impuestos al Estado local, regional y nacional. ¿Puede aceptar, además, una extorsión de cien millones de soles para que se levante el bloqueo?    

El punto de vista del Estado es muy primitivo. El mismo Estado que se ha arrogado la propiedad del subsuelo y que no extiende títulos de propiedad a los poseedores del suelo (para que no estorben sus tratos), vive literalmente de las regalías y los impuestos de la minería, que financian la mayor parte de su presupuesto. Presupuesto que gasta mal dejando sin construir las escuelas y hospitales que luego la empresa tendrá que edificar.  

Claramente, el responsable de este caos es el Estado.

Y la conclusión obvia es que, si hacen falta dos para bailar tango, tres son demasiados. El Estado está demás en lo que en el futuro será el libre contrato entre la comunidad y la empresa.

Pero para que una comunidad sea capaz de negociar de igual a igual con la empresa, se necesitan cuatro condiciones: 1) plena propiedad de la tierra; 2) puesta en valor de la tierra con agua; 3) participación en la renta de la explotación del recurso natural bajo la tierra; y 4) consulta previa a los pueblos originarios. 

Sin propiedad, para comenzar, no puede haber venta de la tierra, ni alquiler de la misma, ni libre contrato de la comunidad con la empresa, ni inversión sostenible, ni paz social. Sin propiedad, los comuneros son y siempre serán ciudadanos de segunda categoría.