El asunto no es la propiedad del subsuelo, que es del Estado y lo seguirá siendo por décadas. El problema es la propiedad del suelo, que no tiene título ni registro. Tarde o temprano se modificará la Constitución para dar paso a que también el subsuelo sea del propietario del suelo. Pero eso tomará todavía unos años. Hoy el problema es que el poseedor del suelo no tiene verdadera propiedad y el mercado de tierras informal no permite la formación de un precio real.
Al no tener un título de propiedad, el poseedor –una comunidad andina, por ejemplo- no tiene cómo saber con certeza que no será estafada a la hora de explotar el recurso natural bajo su suelo. Para una comunidad, vender tierras es un acto que puede ser un salto al vacío. Alquilar tierras, una apuesta ciega: no hay garantía de que el inquilino no se quedará con ellas sin pagar y sin modo de desalojarlo legalmente.
La comunidad desconfía no de la empresa, sino del Estado. El mismo Estado que se ha adueñado –por sí y ante sí- del recurso natural del subsuelo no le entrega un título de propiedad del suelo que le permitiría negociar de igual a igual con la empresa minera.
El Estado es el enemigo, entonces. No garantiza la propiedad pudiendo hacerlo. Algunas comunidades todavía tienen títulos extendidos por la Corona española durante el Virreinato que para el Estado peruano no tienen valor. Si la Corona española extendió títulos, ¿alguien va a creer que con la tecnología de hoy no es posible hacerlo expeditivamente? Cualquiera concluirá que no lo hace porque no quiere o no puede hacerlo, a causa del sinnúmero de litigios judiciales de tierras sin resolver. Pero esto tambien es responsabilidad del Estado, responsable ya sea por acción o por omisión. O peor aún, porque sabe que la propiedad registrada del suelo se convertiría en un estorbo para su contrato con la empresa minera o energética.
De allí, para la comunidad, no hay sino un paso a la decisión de hacerse valer por cualquier medio. Incluso mediante la complicidad anónima en el bloqueo de una carretera o el silencio ante la extorsión. Ahí es donde prosperan las hienas dispuestas a negociar supuestamente en su nombre.
Para la comunidad, la empresa entonces es solo un rehén. El enemigo es el Estado.
Los residentes veraniegos en Asia saben perfectamente que el suelo donde se halla su edificación formalmente sigue siendo de una comunidad que desapareció hace siglos, de cuyo nombre alguien se apropia. Pero el Estado guarda silencio sobre esto porque no se atreve a actuar o, lo que es peor, porque no sabe qué hay que hacer. Y el cáncer crece en el silencio.
Para resolver el problema la clave está en la propiedad de la tierra en posesión de comunidades andinas y amazónicas a lo largo y ancho de todo el Perú.
