¿La judicialización de la política?

José Antonio Olivares

Sin duda alguna, es tan malo judicializar la política como politizar la justicia. El hecho de que los políticos recurran a la justicia por cualquier asunto, sin un tratamiento en los ámbitos de los poderes ejecutivo o legislativo, que son por lógica independientes del judicial, habla a las claras de la falta de condiciones de los actores políticos para cumplir la tarea para la cual fueron elegidos.

Uno de los fenómenos más notables en estos 30 años de democracia fue la creciente judicialización de la política. Esto es, las decisiones centrales de un sistema democrático son tomadas por el poder judicial. Los tribunales y sus sentencias, audiencias públicas, indagatorias y posibles procesamientos se vuelven, de una forma u otra, parte vital del espacio político y, en ciertas especiales ocasiones, su epicentro.

Un gran ejemplo de esto es la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la liberación de Humala y Heredia (liberación que no representa absolución). Con toda la relevancia que se le concedió, las instancias judiciales previas y la propia Corte Suprema, fueron actores decisivos en un juego político lleno de tensiones y al mismo tiempo fundamental para nuestro Estado de Derecho.

Hay dos aspectos recurrentes en la judicialización de la política. Por un lado, la reacción crítica desde “la política” al poder de los jueces. Es cierto, el poder judicial no está ni institucional ni democráticamente legitimado para dar muchas de las respuestas definitivas a las que es enfrentado, incluso más allá de su buena voluntad. Sin embargo, por otro lado, tenemos un aspecto que suele olvidarse: La judicialización es una reacción al silencio de la política partidaria. Muchas veces, la judicialización es la contracara de la inacción y la pasividad política.

El protagonismo de los jueces no es producto únicamente de la propia iniciativa judicial, impulsada por actores sociales, operadores jurídicos o abogados resonantes, sino resultado de la inacción de los demás poderes (ejecutivo y legislativo). Temas ambientales, el aborto no punible, la transparencia y el derecho a la información terminan en tribunales por la ausencia de respuestas políticas concretas.

La negación, inacción o violación de los poderes políticos, legislativos y ejecutivos, abren la puerta al protagonismo judicial. Producto del temor a asumir un costo mediático, la inercia legislativa o la simple indiferencia institucional, los poderes políticos producen delegaciones de la decisión, desde la arena política al expediente judicial.

Judicializar la política es una decisión política, a veces directa o indirecta, de un sector o de todos los actores políticos, pero siempre es una decisión que parte de la propia política.

En ese contexto de jueces en el centro de la atención pública y de la exposición mediática, uno de los aspectos inevitables de la “judicialización de la política” es su efecto boomerang: La “politización del poder judicial”.

Por último, la judicialización de la política tiene como aspecto positivo que el conflicto político con alta tensión recibe en el canal judicial un proceso más racional y metódico, producto del lenguaje del derecho. Discutir todo conflicto en términos legales debería enfriar la pasión de la política y permite así una racionalización de los conflictos, especialmente en temas polarizados.

Así mismo, también hay aspectos negativos en la judicialización. El lenguaje del derecho suele requerir traductores. Por ende, cuando un problema político entra en una Corte de Derecho se suele generar una barrera de lenguaje con la sociedad, al mismo tiempo que se pierde en legitimidad, publicidad y responsabilidad de las decisiones que se toman.

Más allá de los puntos fuertes y débiles de la judicialización de la política es innegable que, en todas sus formas, es un fenómeno de nuestra cultura política e institucional que llegó para profundizarse.