Cuentas de colores

Jorge Morelli

Tras la reunión del primer ministro, Salvador del Solar, se anunció el acuerdo con las 38 comunidades del conflicto con la minera Las Bambas para desbloquear, luego de dos meses, la carretera de salida del corredor minero a Matarani.  Según el acta del acuerdo, hay nueve puntos acordados. En más de la mitad de ellos, sin embargo, el gobierno se ha ofrecido a lo que no está a su alcance porque se halla en el fuero de otros poderes del Estado, o invade el espacio de decisión de la empresa privada o, peor, viola sus propias límites constitucionales.

El punto 1 del acuerdo dice: “Archivamiento de las denuncias contra los hermanos procesados en los conflictos sociales de la provincia de Cotabambas desde el año 2011 a la actualidad y atención de las familias de las víctimas de los conflictos”. Basta esto para comprender que el acuerdo era imposible de ejecutar. Tal cosa no depende del gobierno, sino de la Fiscalía, que es parte de otro poder del Estado, no del Ejecutivo. El gobierno no puede ordenarle a la Fiscalía que archive una investigación.

El gobierno comprometió a otros fueros –la Fiscalía, el Congreso e incluso a la empresa-. Pero ambas partes hicieron en ese momento como que se creían lo pactado. Aceptaron dar y recibir promesas vacías. En realidad lo que les interesaba a los dirigentes era otra cosa. Lo verdaderamente pactado –la entrega de dinero a las comunidades- está discretamente velada en el acuerdo.   

Lo que en verdad importaba es el punto 2 del acuerdo: la “solución a los problemas del corredor minero y la problemática de las comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta”. Aquí es donde está, de manera velada, el compromiso del gobierno de pagar 350 millones de soles por la expropiación de las tierras echándole dinero al problema sin resolverlo. 

Como era previsible, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dice ahora que el diálogo no continuará hasta que se archiven las denuncias no solo contra los hermanos que extorsionaban a la minera, sino a 500 dirigentes. Y emplaza al poder Ejecutivo a llevar una solución en los próximos tres días, antes del miércoles 24 de abril, si quiere reanudar diálogo.

Lo más descentrado del acuerdo anterior, sin embargo, es el punto 9: el ”compromiso del Gobierno Central para no decretar más Estados de Emergencia en Cotabambas, la nulidad del convenio entre la PNP y la empresa minera MMG Las Bambas para brindar seguridad, y el retiro inmediato de la base policial de Manuel Seoane Corrales, en Challhuahuacho”. Esto  compromete no solo las funciones del poder Ejecutivo sino las obligaciones constitucionales del Estado como tal, las mismas que son su razón de ser e irrenunciables para cualquier gobierno.

En suma, el gobierno ha hecho como que puede y las comunidades como que le creen: cuentas de colores aceptadas por ambas partes, un sainete, una representación teatral menor de buenos actores y malos personajes.