Conservar la inmunidad parlamentaria

En el Perú, la  persona más blindada frente a la justicia es el Presidente de la República. Por poquísimas causales se le puede acusar judicialmente: Traición a la Patria, impedir elecciones, disolver el Congreso (fuera de la causal prevista en el art. 134, si el Congreso niega la confianza a dos Consejos de Ministros; y, ¡ojo! no hay ninguna otra causa que justifique la revocación del mandato parlamentario, ni siquiera en Estado de Sitio que se decreta presidencialmente en caso de invasión y guerra exterior o civil), por impedir la reunión o el funcionamiento del Congreso, así como de los órganos electorales.

Otro privilegio aún mayor: Si el Presidente fuese procesado por esos delitos, no pierde el cargo, no vaca; solo se suspende su ejercicio presidencial (art. 114-2).

Por lo tanto, el Presidente es la persona más blindada por inmunidades. Y a pesar de las crisis presidenciales que constituyen precedentes en los últimos 60 años; siendo el más patético el caso de PPK, no se han escuchado voces para replantear la protección presidencial.

Eso, pese a que en estos días estamos sufriendo una grave crisis de legitimidad, causada por el Presidente Vizcarra. Por su imprudencia y carencia de límites para promocionar el cese de jueces supremos y superiores, así como a todos los miembros (titulares y suplentes) del ex–Consejo Nacional de la Magistratura, además de generar campañas de desprestigio contra los partidos de oposición y contra la propia autonomía e imagen del Poder Parlamentario que contrapesa republicanamente su empoderamiento político.

El Presidente, entre las denominadas “Reformas Políticas”, ha presentado el Proyecto de Reforma Constitucional N° 4192-2018-PE, por el que se desdibuja la auténtica y garantizada inmunidad de arresto y de proceso para los congresistas. Pretendiendo privar que la inmunidad se suspenda, por decisión del fuero parlamentario. Trasladando la decisión a la Corte Suprema.

La Suprema no garantiza, desde inicios del Siglo XXI, la garantía de imparcialidad política para alcanzar justicia y verdad. ¿Puede olvidarse que el último presidente titular, Duberlí Rodríguez, que aún continua en la Corte Suprema; fue diputado de la alianza electoral Izquierda Unida, representando al micro-frente electoral UNIR (Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria)? UNIR se formó en 1980 con lo más radical del marxismo maoísmo: Patria Roja, Partido Comunista Revolucionario, Vanguardia Revolucionaria y el Frente de Liberación Nacional. Duberlí Rodríguez fue promotor político de una amnistía general a los terroristas, por esa inclinación innata de los marxistas hacia el actuar criminal, violentista e inmisericorde. Él es juez supremo titular. Para muestra, tan sólo un botón.

Además, la Corte Suprema ha perdido colegialmente la legitimidad que le confiere la imparcialidad en sus decisiones. Desde que todos sus miembros crearon, hace dos años, en acuerdo de Sala Plena, la monstruosa creación jurídica de la Comisión de Justicia de Género. La que ya ensayó abrir fuegos contra sus enemigos ideológicos, al declarar infundado el proceso constitucional de Acción Popular incoado por Padres en Acción contra el Currículum Escolar, vergonzosamente inmoral, promovido por el MINEDU.

Como nota aparte, desde Venezuela llegan noticias del levantamiento de la inmunidad a 14 parlamentarios, por exigencia de la Corte Suprema controlada a gusto de la dictadura y por decisión de la Asamblea Constituyente (el contra-Parlamento creado por el dictador Maduro).

El presidente Vizcarra aún cuenta con un año y dos meses para “disolver” el actual Congreso. Todo hace aparentar que el centro de las decisiones políticas no es el Ejecutivo, tampoco lo son otros órganos estatales, todos fagocitados por un golpe de estado “solapa”. Estaremos atentos a ver las intenciones que se vislumbran desde alguna ONG empoderada.