La prestación de los servicios de agua y saneamiento para el ámbito urbano en nuestro país, a cargo de 50 empresas públicas (49 EPS municipales y SEDAPAL), no termina de ordenarse hacia un desempeño seguro, de calidad, con cobertura total y sostenible. Bajo esta estructura empresarial, según información de Joint Monitoring Program – JMP (OMS y UNICEF), al año 2015 el ámbito urbano en Perú tenía una cobertura de agua y saneamiento “gestionados de manera segura” del 58.38% y 34.95%, respectivamente, mientras que en el vecino país de Chile estos datos alcanzaron el 98.15% y el 81.31%, respectivamente, para la misma calidad de servicio.
La pregunta surge naturalmente, ¿por qué Chile nos lleva abrumadora ventaja?, las causas son múltiples, sin embargo gran parte del problema radica en nuestro modelo de gestión para la prestación de estos servicios. Mientras que en Perú tenemos una gestión pública basada en empresas municipales o estatales, en Chile se trata de un modelo privado basado en concesiones a la prestación del servicio de agua y saneamiento.
A partir de las estadísticas mencionadas, los niveles de eficiencia del país sureño son incuestionables; adentrándonos un poco en la realidad económica financiera de estas empresas en el año 2017, encontramos que en Chile hay 59 concesiones privadas para la prestación de estos servicios, de las cuales 54 están en operación. Analizando las 28 empresas principales (que atienden el 99.6% del ámbito urbano) se tiene que apenas tres de ellas presentan indicadores de rentabilidad negativos; en el caso peruano el escenario está al otro extremo del espectro de posibilidades pues de las 50 empresas públicas prestadoras de estos servicios se tiene información publicada de 38 (y no necesariamente son las principales, ejemplo no está SEDAPAL), de estas, 24 tienen indicadores de rentabilidad negativos, al margen de que se encuentren o no en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), que dicho sea de paso, solamente el año 2017 este régimen le habría costado a los contribuyentes alrededor de S/. 227.6 millones.
Dos realidades en países colindantes, Perú y Chile, gestión pública y privada respectivamente, en la prestación de los servicios de agua y saneamiento urbano; mientras que en Chile los niveles de cobertura se aproximan al 100% y con una importante sostenibilidad económica financiera de sus empresas privadas concesionarias, en nuestro país las coberturas están a la mitad y con lamentables indicadores económico financieros en sus empresas públicas prestadoras de estos servicios; a pesar de ello insistimos en este modelo de gestión mientras se mantiene un porcentaje importante de la población urbana que no accede a un servicio “gestionado de manera segura” y sostenible en agua y saneamiento, es decir no accede al disfrute de un Derecho Humano esencial y elemental.
Algunos por ahí comentarán sobre la fracasada experiencia peruana en la concesión de estos servicios en Tumbes; efectivamente, habrá que analizar en qué falló el Estado para enterrar aquel intento, hacer una autoevaluación y visitar Chile para que nos cuenten cómo lograron consolidar su gestión privada en la prestación de estos servicios, cómo alcanzaron ese nivel de eficiencia y principalmente, cómo alcanzaron la cobertura hoy ya casi en el 100%, tanto en agua como en saneamiento para el ámbito urbano; es decir, el acceso universal y asequible a estos servicios; y es que el daño de no contar con servicios de agua y saneamiento “gestionados de manera segura” le genera al país costos económicos, muchos de ellos irreparables, en salud, educación, productividad y ambiente que muy bien son medibles respecto al Producto Bruto Interno.
Bastante tenemos de discursos estatistas que se fraguaron desde los quebrados años sesenta en adelante, satanizando la participación del sector privado en el crecimiento y desarrollo de un país, sin embargo en otras realidades de la región, un país vecino, nos muestra que el sector privado sí puede constituirse en un gran aliado para el desarrollo de un territorio; para ello es importante la claridad y transparencia en los términos de los contratos así como en las normas que regulan su operación; no condenemos al sector privado por las ineficiencias y debilidades estructurales del Estado, que finalmente terminan anulándolo para el cumplimiento de sus funciones y finalidad fundamental que es la satisfacción de los Derechos Humanos en general.
