El diálogo no basta

Jorge Morelli

Hace falta una nueva política pública para resolver de una vez y para siempre el conflicto entre las comunidades y las empresas.

Se trata de tener un marco para hacer posible el libre contrato entre las comunidades y las empresas. Esa política de Estado debe rodear el libre contrato de cuatro garantías -agua, propiedad, participación y consulta-.

La primera garantía y la más importante es la puesta en valor de las tierras comunales con siembra de agua y de bosque. Esto, en dos millones de hectáreas de punas del Perú, permitiría poner en cinco años 10 mil millones de metros cúbicos de agua dentro de la cordillera, un lago Titicaca entero. Esto haría posible recuperar el control del ciclo del agua de los Andes, aprender a controlar los huaicos y regular hídricamente los ríos que bajan al mar, de modo que no se desborden en verano ni se sequen en invierno. Esta idea fundamental y los cálculos que la respaldan son de quien redescubrió la técnica andina milenaria de la siembra de agua: Alberto Fujimori.

La segunda garantía es la titulación de la propiedad -o la posesión- de las tierras comunales y de la tenencia privada dentro de ellas. Es indispensable dar papeles a esos bienes para empoderar a las comunidades y que puedan negociar de igual a igual con las empresas mineras y energéticas con contratos modernos y libres.

La tercera garantía es la participación en la renta que produce la explotación de los recursos naturales bajo las tierras comunales. Esto no ocurre hoy, a pesar del mandato legal. El porcentaje del canon que la ley destina a las comunidades no llega hasta ellas. Se queda en el camino, en el gobierno regional o el local, o es pasto de la corrupción. La participación en la renta debe serle entregada directamente a las comunidades sin pasar por el Estado, en obras ejecutadas por ellas mismas con las empresas mineras. El gobierno de Alan García demostró con la ejecución por las empresas mineras de 2,500 millones de soles de la contribución voluntaria de la minería entre 2006 y 2011, que esta es una manera eficiente de invertir.      

Las comunidades son privadas, no son del Estado ni forman parte del Estado. Contratando directamente con las empresas, las comunidades deben aprender a trabajar con las empresas libremente y sin tutores. Las comunidades buscarán estudios jurídicos para esos contratos y asesorías técnicas para la inversión en agua y bosque.

La cuarta y última garantía es la consulta popular. Esta, según  el Convenio 169 de la OIT, se refiere únicamente a las tierras de pueblos originarios. No todas las comunidades son pueblos originarios. La tarea de precisar cuáles lo son, a cargo del Ministerio de Cultura, no avanza o es un secreto de Estado.

Porque no existe una política pública, un tribunal del poder Judicial ha anulado una concesión en tierras de una comunidad nativa de Madre de Dios –que no se sabe si es o no pueblo originario- convirtiendo a la consulta previa no solo en universal para todas las comunidades, sino en retroactiva.

Pero Las Bambas es el caso emblemático. Porque no existe una política pública, el destino de la mina de cobre más grande del Perú, de la que depende la estabilidad fiscal, pende del hilo de un diálogo lleno de ambigüedades e imprecisiones.

Es indispensable esa política pública. El diálogo no basta.