Tempestad en medio vaso de agua

Jorge Morelli

Hace falta replantear la reforma política. 

Las reformas sobre las que el gobierno hace cuestión de confianza son solo las relativas al sistema electoral para mejorar la  representatividad -elecciones internas en los partidos, eliminación del voto preferencial, paridad de género-, y están muy bien, pero las reformas fundamentales para mejorar la gobernabilidad que son las relativas al sistema de gobierno han quedado sepultadas tanto por obra del Congreso como del Ejecutivo. 

Estas son tres: derogar la causal de “incapacidad moral permanente” para la vacancia presidencial; exigir dos tercios (o por lo menos tres quintos) de los votos del Congreso para censurar ministros e insistir en una ley observada por el Ejecutivo; y, sobre todo, retornar a la bicameralidad. 

El Ejecutivo y el Congreso creen que con más representatividad podrán mejorar la democracia y derrotar a la corrupción. No ven que la masificación de la corrupción se debe a que nuestra democracia de baja gobernabilidad es incapaz de defendernos de ella. La falla principal está, entonces, en el sistema de gobierno, no en el sistema electoral. Pero ambos se niegan a aceptarlo. Son cómplices en el autoengaño.  

Representatividad y gobernabilidad son dos principios esenciales de la democracia. Ninguno puede existir en estado puro. La representatividad pura haría la gobernabilidad imposible y viceversa. Existen muchos puntos de equilibrio posibles entre ambos donde se conectan el eje vertical de la gobernabilidad y el eje horizontal de la representatividad. Pero en nuestra democracia de baja gobernabilidad ese punto de equilibrio está mal logrado, es precario e inestable. Nace cargado hacia la representatividad a causa del sistema electoral de representación proporcional extrañamente mutado luego por la cifra repartidora. El sistema de gobierno debería compensar esa carencia con un equilibrio de poderes bien diseñado entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

Lejos de eso, sin embargo, nuestro sistema de gobierno agrava el desequilibrio de poderes al darle más poder aún al Congreso frente al Ejecutivo. Ese poder excesivo es el de declarar la vacancia de la Presidencia de la República por “incapacidad moral permanente”, una caja negra que significa lo que el Congreso diga. 

La Constitución dice que el Congreso “declara” la incapacidad, como declara la muerte del presidente o su incapacidad física permanente. Son situaciones de hecho, en las que no hay nada que debatir. La “incapacidad moral” es lo mismo, una situación de hecho que el Congreso comprueba, no discute. En el lenguaje de la época en que nació ese malhadado artículo constitucional significaba incapacidad para decidir, un estado patológico mental, una situación de hecho, repito, que el Congreso declara, no debate. Menos aún con el objetivo político de una descalificación ética subjetiva por definición. Esta es una barbarie que debe terminar. 

Por si fuera poco, sin embargo, el requisito de solo la mitad más uno de los votos del Congreso para censurar ministros y para insistir en las leyes observadas por el Ejecutivo, y en ambos casos por una única cámara que se exonera a sí misma de segunda votación, coloca un candado de hierro al desequilibrio de poderes del que nace nuestra democracia de baja gobernabilidad.      

Para retomar las reformas del sistema de gobierno hay ahora dos escenarios posibles. Uno desemboca en el otro.   

Si el Congreso otorga la confianza al Gabinete, habrá nuevo debate de la reforma entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero ni uno ni otro tienen en la agenda reincorporar las reformas del sistema de gobierno para escapar de la democracia de baja gobernabilidad. Solo miran a la representatividad y creen que reformando únicamente el sistema electoral van a mejorar la democracia y eliminar la corrupción, cuando la causa de la masificación de la corrupción es nuestra democracia de baja gobernabilidad incapaz de defendernos de ella, que nace de la falla en el sistema de gobierno. 

En el segundo escenario, si la confianza es rechazada o si, como es posible, el debate vuelve a entramparse una y otra vez, el gobierno terminará disolviendo el Congreso. En tal caso, en cuatro meses habrá elecciones y un Congreso que durará año y medio. La disolución podría darle a Martín Vizcarra una mayoría parlamentaria de año y medio para aprobar las reformas que quiere. Pero de nada servirá si esas no son las reformas que la gobernabilidad del Perú necesita para resolver los problemas del pueblo.

Lo importante es que cualquier escenario permita replantear la reforma política para corregir la falla del sistema que origina nuestra democracia de baja gobernabilidad. Lo demás es una tempestad en medio vaso de agua.