Adversidad. Hace unos días, en el distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto, en la parte nororiental del Perú, se produjo un sismo de magnitud 8,0 en la escala de Richter. Este movimiento sísmico se sintió en gran parte del país e incluso en países vecinos como Ecuador y Colombia. Ha causado daños a las personas, a las viviendas, a la infraestructura vial. Recordamos anteriores catástrofes similares que sufrimos los peruanos, con terremotos, maremotos, y los efectos dañinos como el fenómeno de El Niño. También nos recuerdan cuán vulnerables estamos ante los efectos de la naturaleza, y cuánta conmoción adversa y gastos sufren los hogares.
Pérdidas. En el país, de cada 100 peruanos, 26 han sido víctimas de un hecho delictivo, por el accionar de la delincuencia, trayendo graves daños, físicos, patrimoniales y emocionales a las personas, a sus familias. Estos hechos traen pérdida de recursos, afectan la salud y el bienestar en general. Igualmente, un accidente automotriz, tiene un efecto explosivo adverso frente a la tranquilidad de los hogares. O la pérdida de empleo de algún miembro del hogar, o la quiebra del negocio familiar, o el abandono a la familia. Y se añaden los efectos adversos de carácter financiero que distorsionan las decisiones en los hogares, disminuyen el consumo causando mayor desnutrición, anemia. O problemas de salud que obligan a suprimir gastos en educación, generando inestabilidad laboral, y otros problemas como ausentismo educativo y falta de profesionales.
Las circunstancias dramáticas que viven los hogares, podrían mitigarse con prevención posibilitando un mejor grado de “resiliencia”, es decir tratando de superar con rapidez estos avatares y lograr la recuperación del bienestar de las familias. La naturaleza, de un lado, y la delincuencia de otro, golpean, afectan a los hogares, merman las condiciones de vida de la población e incluso los ubican en situación de pobreza. Todo esto está medido.
La razón del presente escrito, es poner en la palestra el grado de vulnerabilidad que tenemos los peruanos y sus familias. La pobreza en el año 2018 bajó a 20,5%, para beneplácito de todos. Sin embargo, alrededor de dicha cifra existe una delgada línea de supervivencia de miles de pobladores, que pueden entrar y salir de la pobreza con mucha facilidad. Adicionando los hechos adversos mencionados se podría acelerar esta condición. En todos los países, las dificultades son comunes y afectan el desarrollo. Así, en el Perú, según el último Informe del INEI sobre Gobernabilidad y Democracia, marzo 2019, el 22,4% de los hogares peruanos enfrentaron choques adversos: Enfermedad o accidente grave de algún miembro del hogar el 7,7% de los hogares, desastres naturales el 7,5% de los hogares, la pérdida de empleo de algún miembro de la familia el 3,6% de los hogares, un hecho delictivo el 2,5%, quiebra del negocio familiar el 1,0%, el abandono por parte del jefe del hogar el 0,8% de hogares. Estamos hablando de más de 8 millones de hogares, que conforman la población peruana. Todas las regiones del país enfrentaron choques adversos, de diferente naturaleza, desde inundaciones, heladas, sequías, y otros, principalmente las regiones del centro y sur andino del país.
Los choques adversos generan cambios sustanciales en las condiciones de vida y bienestar de las familias, pudiendo colocar al hogar en una eventual situación de privación. Por ello, la información es muy importante conocerla, entenderla en todo estamento, para caracterizar las distorsiones y los efectos en el bienestar de los hogares.
La información nos permite conocer y geo localizar estos peligros. En el caso peruano, estos choques adversos trajeron una disminución de los ingresos en el 66,5% de los hogares afectados, pérdida de bienes y patrimonio en 11,8%. El 6,0% de los hogares reportaron que no se vieron afectados, a pesar de haber sido víctimas de estos choques adversos.
Ante estos hechos repentinos, los hogares saben desarrollar estrategias para superar la pérdida de su patrimonio, dependiendo de los recursos que disponen. En el país, las cifras reportan que el 32,1% de los hogares afectados recibieron apoyo de sus familiares, el 19,8% gastaron sus ahorros o capital, un 15,3% disminuyeron su alimentación y consumo, 13,0% consiguieron otros trabajos, 12,1% obtuvieron préstamos, 2,3% empeñaron o vendieron sus bienes, 1,4% recibieron ayuda del gobierno (vaya que distante), 22,8% utilizaron otras formas de protección. Finalmente, un 2,0% manifestó que no hicieron nada o no desplegaron ninguna estrategia para enfrentar la difícil circunstancia. Eso es lo más dramático. Se vieron sumidos en la peor pobreza. Estos segmentos de la población son pasibles de identificar para posibilitarles apoyo social y económico, tarea que no puede soslayar la política social.