El Caso El Frontón: 1986+33

Sergio Tapia

Pasaron 33 años de los luctuosos sucesos producidos en El Frontón, por los militantes del Partido Comunista del Perú, el 18/19 de junio de 1986.

En 1983, el Partido Comunista había logrado imponerse en el sistema penitenciario nacional. La solución gubernamental fue abandonar las cárceles de provincias, y trasladar a los presos por terrorismo a Lima y Callao, la cárcel de Lurigancho, la isla El Frontón y aún faltaba poner en funcionamiento la nueva cárcel “Castro Castro” (así denominada en memoria de uno de los directores de El Frontón, asesinado por los terroristas).

Juzgar a los terroristas en provincias por la intimidación de los jueces o por l infiltración comunista, facilitaba la concesión de libertades espurias. Y, desde el 3 de marzo de 1982 la sensación de seguridad en las cárceles en provincias colapsó, tras la toma de la ciudad de Ayacucho para el asalto de la cárcel y la fuga de 70 presos por terrorismo.

El sistema penitenciario se mostró ineficaz para el manejo de presos por terrorismo. El régimen adecuado para delitos comunes, era inservible para delincuentes motivados ideológicamente.

Las concesiones de las autoridades de los penales, a los internos por terrorismo, preparó tres años antes el alzamiento armado de junio de 1986. Los presos por terrorismo transformaron las cárceles en locales partidarios, seguían promoviendo la Revolución sangrienta por la que estaban presos, encuadraban a los presos jerárquica y para-militarmente. Ejercieron dominio en los centros de reclusión, ante la inacción impune de las autoridades de Justicia y del Interior.

Otra causa del motín de junio de 1986 fue “la cuota de sangre” que Abimael Guzmán demandada con exigencia: El Partido necesitaba que los internos por terrorismo produjeran su propia muerte, sublevándose y amotinándose dentro de las cárceles.

En El Frontón el Partido Comunista del Perú adoctrinaba a los presos, regulaba sus trabajos de albañilería y dirigía la construcción de túneles hacia el mar. Se modificó la estructura del Pabellón Azul, eliminaron las escaleras al segundo piso reemplazándolas con un sistema de sogas y orificios en el techo. Alteraron el interior del primer piso, transformándolo en un laberinto de pasillos. Cavaron en el piso para añadir un sótano. Tenían enfermería propia. Contaban con armamento y explosivos. El Partido recibía unos dólares diarios de la Cruz Roja, con el supuesto propósito no fiscalizado de mejorar la alimentación de cada interno. Todo estaba preparado para una trampa mortal.

Para el Partido Comunista fue un genocidio del Estado. Para la desinformación de los ONGs, fue una masacre. Para la historia, es un capítulo que enluta hogares peruanos, que genera angustia en las familias de decenas de marinos que sufren persecución judicial injusta. Son 33 años de inacabables reinicios de procesos judiciales: 2 juicios en el Fuero Militar sobreseídos; 2 Casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sentencias contradictorias pero en ambas rechazando que hubo graves violaciones de derechos humanos; 4 investigaciones en fiscalías, archivadas; dos Habeas Corpus favorables a los marinos; una espuria resolución del actual Tribunal Constitucional afectando la cosa juzgada de uno de esos Habeas Corpus; tres instrucciones judiciales en el fuero común, y actualmente el juicio oral que comprende a 34 oficiales y subalternos de la Marina de Guerra del Perú.

Curiosamente, ninguno de los 34 internos por terrorismo sobrevivientes, ni la cúpula de “Sendero Luminoso” ha sido investigado para deslindar responsabilidades en el motín armado que causó muertes y heridos a policías, marinos y personal del INPE, así como por la “cuota de sangre” exigida a los 114 internos por terrorismo fallecidos.