¿Cómo lograr la inclusión financiera?

Las cajas municipales como posibilidad

Fernando Romero Neira

Está más que claro que en nuestro país la mediana y gran empresa tiene todavía un desarrollo insuficiente; las explicaciones pueden ser sustanciales, pero ese no es el motivo de esta breve reflexión. La evidencia de aquello está en que el 96.2% de las empresas formales en nuestro país son microempresas, por lo general en comercio y servicios; asimismo, del total de las empresas,  un 48.4% son informales. Este universo de empresas -formales e informales- genera autoempleo y empleo familiar, con todas las formas de subempleo que uno se pueda imaginar. Y a su vez, este ejército de microempresas estaría absorbiendo el 85% de la PEA nacional.

La paradoja, sin embargo,  está en que apenas el 5% de ellas tiene acceso al sistema financiero regulado y logra la aprobación de algún crédito para capital de trabajo y/o activos. “Sufre peruano sufre”, dice la letra de una canción que describe bien la realidad de muchos ciudadanos del Perú, y es que el tema es sumamente grave, ya que si bien por un lado es un derecho humano el acceso al trabajo, por otro es obligación del Estado, desde sus entidades de gobierno –en todos los extremos institucionales- la implementación, en las mejores condiciones humanamente posibles, de los elementos necesarios para el ejercicio de tal derecho. Ese principio básico no está siendo cumplido a cabalidad por el Estado.

Cuando hablamos de microcrédito es imposible obviar al sistema de cajas municipales y su evolución, desde sus inicios en los años 80. Entre los años 2010 y 2018 la Banca Múltiple incrementó sus colocaciones en créditos a microempresas en 40.0%, mientras que el Sistema de Cajas Municipales la superó ampliamente creciendo a una tasa del 67.2% y además incrementó su participación en estas colocaciones respecto al total del Sistema Financiero a 37.7%, por encima del 32.3% de la Banca. Hoy por hoy, el Sistema de Cajas Municipales tiene un Activo valuado en libros en más de 26.7 mil millones de soles. Definitivamente se trata de un grupo de microfinancieras bastante competitivo y atractivo para nuevos inversionistas privados, nacionales o extranjeros.

La mesa está servida, ya la Superintendencia de Banca y Seguros, Seguros y AFP (SBS) cumplió con su parte al emitir la Resolución sobre normas especiales para la implementación de la Ley N° 30607 que modifica y fortalece el funcionamiento del sistema de cajas municipales de ahorro y crédito, la que contiene las condiciones necesarias para el tan ansiado fortalecimiento patrimonial de este grupo de microfinancieras.

Aquellos millones de microempresarios a los que nos referimos al inicio de esta reflexión están a la espera de que las cajas municipales, en el marco de estas recientes normas, incrementen y expandan sus estrategias de inclusión financiera en colocaciones a esa escala de operación; mientras tanto al interior de ellas, en sus Juntas de Accionistas (pleno de Regidores), permanece el monólogo existencial y surrealista entre el único dueño consigo mismo, el municipio provincial propietario, donde por un lado no acepta el ingreso de uno o más socios privados que le permitirían incrementar el patrimonio de sus Cajas (y de esta manera aumentar su capacidad operativa con un mayor patrimonio efectivo) y en consecuencia lograr mayores utilidades, que finalmente revertiría en mayores obras sociales a ejecutarse desde la respectiva municipalidad. Por otro lado, bajo ese extraño razonamiento, estas Juntas de Accionistas reducen al mínimo permitido (50% de sus utilidades netas) el porcentaje de reinversión de utilidades a sus propias Cajas Municipales, obviamente afectando su patrimonio efectivo y en consecuencia limitando su capacidad de operación, restringiendo automáticamente, metas en colocaciones y captaciones, en microcréditos y microahorros, respectivamente, además de reducir su capacidad de generación de utilidades. Como se diría en lenguaje criollo, “se dispara a los pies”.

Esta es una muestra más de cómo los gobiernos locales dan la espalda al desarrollo de aquellos millones de microempresarios, negando al mismo tiempo, la misión institucional de sus Cajas Municipales cual es la de promover la inclusión financiera urbana y rural a través de la microfinanza, cuando el marco normativo claramente lo promueve (desde la SBS y la propia Ley Orgánica de Municipalidades), en consecuencia están siendo negligentes en sus funciones y obligaciones y además, de manera implícita, terminan promoviendo la discriminación, excluyendo a aquellos ciudadanos que en la búsqueda de su derecho al empleo, generan su autoempleo a través de la microempresa, del emprendimiento. Algunas autoridades municipales, desde sus Juntas de Accionistas, subyugan estas urgentes necesidades sociales a ilegibles o absurdas posiciones políticas y erradas lecturas de la realidad social y económica. La viva imagen del Estado limitando el crecimiento y desarrollo de su gente.