Propuesta de Hernando de Soto al Perú y al mundo

Para destrabar 150 billones de dolares bajo el suelo del planeta

Hernando   de Soto

En el Perú, la solución es capitalizar al pequeño minero legalizando su legítimo derecho de propiedad sobre la superficie para conectarlo con la globalización.

El 17 de junio pasado, en Arequipa se reunieron representantes de 50 mil pequeños mineros en un congreso internacional de la pequeña minería artesanal, organizado y convocado por la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa (FEMAR) a la que asistieron mineros de Puno y otros lugares del Perú en los cuales 500 mil mineros informales invierten su trabajo y su dinero en tierras sin ningún papel que respalde legalmente su legítimo valor.

El orador principal de la reunión fue Hernando de Soto. El tema fue la relación crucial entre los conductores legítimos de la superficie y los dueños legales de los recursos del subsuelo.

Es característico de los países en desarrollo, dijo, que los pobres han heredado la mayor parte de la superficie de la tierra mientras las empresas extractivas han adquirido de los gobiernos los derechos sobre los minerales. Para acceder a los recursos del subsuelo que legalmente tienen, sin embargo, las empresas necesitan usar la superficie, que controlan sus poseedores legítimos.

Esto solía ser conseguirse comprando servidumbres de paso o incluso respaldándose en la fuerza pública. Hoy, en cambio, los que conducen tierras de la superficie -a cuyas organizaciones De Soto llama “Autoridades que gobiernan Registros Locales Desconectados de la Globalización (ARLD)”- se hallan empoderadas y están bloqueando la extracción de reservas minerales y petroleras probadas por más de 150 billones de dólares (150 trillion dollars). Esto equivale a cinco veces el PBI combinado de China y Estados Unidos.

Este evento es la disrupción del sistema tradicional de formación del capital de los recursos naturales del tercer mundo. Lo que está bajo ataque es la red internacional construida en los últimos cien años de 3,300 tratados que 180 países han suscrito e incorporado a sus leyes. Ha sido yan fuerte que ni siquiera miles de militares y policías desplegados en campamentos mineros, petroleros y gasoductos de todo el mundo pueden evitar el bloqueo de las actividades extractivas.

La propuesta de De Soto no es entregar el subsuelo a los que conducen legítimamente la superficie, sino “securitizar” sus derechos para que su activo pueda generar capital en las bolsas y mercados financieros globales y puedan ellos entonces relacionarse con y protegerse del mundo global de una manera rentable y sin violencia.

La securitización puede consolidar legal y efectivamente el legítimo derecho de propiedad de quienes se hallan en la superficie, y desbloquear así los 150 billones de dólares de reservas bajo la tierra en todo el planeta.

La propuesta de De Soto desarrolla una metodología disruptiva que usa la securitización en los mercados globales para superar los defectos de los derechos de propiedad en los países emergentes, como el Perú, que impiden a los pobres utilizar su tierra para formar capital. En suma, convierte al “misterio del capital” –el título de su famoso libro” en una efectiva herramienta de trabajo.

En concreto, a los legítimos títulos de la superficie les faltan 8 paquetes de información y acreditaciones a los cuales tienen derecho por ley. Es un pasaporte, por así decir, al que le faltan 8 visas necesarias para llegar a los puertos donde se puede formar capital. Propiedad y securitización no son temas separados, sino partes de una misma cadena de valor a la que le faltan 8 eslabones que se subsanan con 8 certificados emitidos por entidades del sistema internacional con las que se concreta una alianza para conectar la tierra de la superficie y los recursos del subsuelo a los mercados de capital.

Estos 8 certificados son vehículos documentales sucesivos de una cadena que comienza con la ubicación e identificación de los títulos superficiales donde se originan los derechos, y llega hasta las declaraciones requeridas por las leyes de los mercados financieros globales donde los derechos de propiedad se formatean para generar confianza y formar capital.

La desconexión entre la propiedad y la securitización, entonces, se debe al problema legal que surge de que los atributos y acreditaciones están perdidos en un enjambre de cientos de miles de leyes dispersas en documentos inconexos en cada uno de los países en desarrollo.

Es poco lo que los consultores tradicionales y los cientos de compañías cuyos servicios y equipos son usados para capturar y organizar información sobre la propiedad -típicamente empresas de ingeniería, gerencia de proyectos, tecnologías de información, vendedores de equipos y servicios de mantenimiento, incluso algunos especializados en mapas y catastro y modernización de sistemas de registro- pueden hacer para remediar el problema. Lo más que pueden es mejorar los sistemas de almacenamiento de imágenes y registros de activos, pero no son capaces de afrontar el reto de incorporar masiva y sistemáticamente la propiedad no registrada al mercado formal.

De Soto está convencido –y así lo explicó a los cientos de mineros informales presentes en Arequipa- de que en el momento en que quienes legítimamente manejan la superficie sean conscientes de que pueden negociar de igual a igual con las empresas extractivas, y los certificados entren en acción con sus incentivos, los 800 mil millones de dólares de proyectos bloqueados en el Perú serán desbloqueados, las empresas extractivas recuperarán el subsuelo, los consumidores intermedios que requieren insumos minerales podrán obtenerlos, los gobiernos obtendrán nuevos ingresos de tributos y regalías, los mineros informales tendrán por fin direcciones e identidad legal, y los que dañan el medio ambiente podrán ser física y legalmente identificados.