Para escapar de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad necesitamos alcanzar el equilibrio de poderes. No basta la separación de poderes, que es una condición necesaria pero no suficiente. Afortunadamente, el equilibrio de poderes no es nada complicado. Es algo tan sencillo como un juego de yan-ken-po.
En el juego infantil, la piedra chanca la tijera, que corta el papel, que envuelve a la piedra. Así es como se consigue el equilibrio entre los tres jugadores. Es un equilibrio dinámico. Es lo mismo entre los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
Primero, la “piedra” tiene que poder “chancar”. El poder Judicial debe poder declarar inconstitucionales o inaplicables las leyes del poder Legislativo. Lo hace por la vía del control constitucional de la ley, ya sea a través del control difuso –un invento norteamericano de principios del siglo XIX, llamado judicial review- que la declara inaplicable, o bien del control concentrado del Tribunal Constitucional –un invento alemán de comienzos del siglo XX- que declara la inconstitucionalidad de una ley. Ambos instrumentos existen en la Constitución del Perú. Hasta ahí todo bien.
En segundo lugar, la “tijera” del Legislativo debe poder cortar el “papel” del poder Ejecutivo. Lo hace a través de tres mecanismos: la vacancia de la Presidencia, la censura de los ministros y la insistencia en las leyes observadas por el Ejecutivo. Desafortunadamente, en el Perú el Congreso hace todo esto con una facilidad excesiva. Este no es un buen balance. Debe ser corregido y la reforma política lo está dejando de lado.
Pero lo más grave es que en el Perú, el “papel” del poder Ejecutivo no puede vencer a la “piedra” del poder Judicial. No existe ya esa posibilidad, que es la forma en que las democracias crean el equilibrio. Como esa posibilidad está bloqueada entre nosotros, el equilibrio de poderes está quebrado.
A diferencia de todas las democracias de América, sin excepción, donde el Ejecutivo nombra siempre a los jueces de la Corte Suprema (con aprobación posterior del Legislativo), a los jueces supremos en el Perú los nombra un organismo de fuera del juego.
En efecto, en el Perú inventamos lo imposible, algo que no existe en ninguna parte: un organismo constitucional autónomo que nombra por sí y ante sí no solo a los jueces supremos sino a todos los jueces. Este fue el Consejo Nacional de la Magistratura, un cuarto jugador al que ninguno de los otros tres podía enmendarle la plana. Se convirtió, entonces, en un poder absoluto, una reinvención del absolutismo contra el que nació la democracia. El organismo se corrompió. No podía suceder otra cosa, puesto que todo poder absoluto se corrompe absolutamente.
Pero en lugar de sacar la conclusión correcta, hemos insistido en el error: le cambiamos el nombre al organismo por el de Junta Nacional de Justicia, le añadimos algunos detalles cosméticos y convocamos luego a un concurso para elegir a sus miembros. El sainete ridículo en que se ha convertido la selección de los miembros -en el que parece que no quedara ni un solo hombre justo en Sodoma y Gomorra- es el síntoma de lo que ocurre: el organismo no debió ser reformado, debió ser cerrado.
Si el “papel” no puede envolver a la “piedra” no hay juego. Aún hay que devolverle entonces al poder Ejecutivo la función de nombrar a los jueces supremos, y que ellos nombren luego a todos los demás jueces. De esta manera podemos comenzar a rediseñar el equilibrio de poderes.
Pero la reforma política ni sospecha esta realidad. Los errores se pagan. La trampa de la democracia de baja gobernabilidad en la que seguimos es el precio que pagamos por haber perdido sin saberlo el equilibrio de poderes.