A propósito de super jueces y fiscales Marvel

José Antonio Olivares

La corrupción no necesita de héroes para combatirla, ni de caballeros  expuestos en relucientes armaduras  de popularidad, falsamente creadas. La lucha contra la corrupción por parte de los poderes del Estado debe ser Institucional y constitucional, no  respaldada por ONGs y marchas, convocadas por los mismos enaltecidos y oportunistas de siempre, que vistas  con objetividad son  parches  acomodados  y contradictorios, según el momento y la persona que se juzgue. Fabricar estos héroes es corromper más la justicia. Su popularidad se sustenta en intereses y en mentiras.

Para Gorriti del IDL, por ejemplo; el recusado juez Carhuancho, cuando dictó la prisión contra la pareja presidencial Humala Heredia, era poco menos que una bazofia jurídica, y los dineros aportados por el brazo corrupto del  foro de Sao Paulo Odebrecht, eran aportes de campaña, que no configuraban delito alguno. Claro, la opinión es diferente si se trata de la hija del dictador Fujimori o de Alan García. Hoy la justicia está politizada. Y se cambia de gritos y euforias como cuando se trata del enfrentamiento de barras bravas.

Con el gobierno y la legislatura del Perú, sucede como con el resto de América Latina enfrentando una profunda crisis de credibilidad, la judicatura se ha convertido en un actor importante en algunos países, se han convertido en verdaderos actores políticos. Aconteció en Brasil con Moro, y pasa ahora en el Perú con Richard Concepción Carhuancho, con  José Pérez (el más mediático de todos, que incluso ha descalificado misógina y brutalmente a la Juez  Elizabeth Arias Quispe) y pasa también  con el Fiscal Vela. Su influencia excede por mucho su papel como abogados, magistrados o jueces de tribunales de primera instancia. El problema real, sin embargo, es que funcionarios como  Carhuancho, Pérez y Vela, han transformado la acción judicial contra la corrupción en una cruzada moral y política, por la cual están dispuestos a doblegar la ley. Enfrentar a políticos corruptos y líderes empresariales es el tipo de causa que generalmente recibiría un amplio apoyo popular; y qué bien se aprovechan  de eso. Los magistrados y la prensa adicta al poder y las grandes facturaciones.

A esto se suma una vocación en la cual, “La Justicia en el Perú” ahora  es manejada  por  la “opinión pública”.  Esta es una  seudo Justicia que se conduce por los parámetros que fija una prensa dominada por el raciocinio único de la progresía. Una progresía que quiere acaparar todos los medios periodísticos, aplicando sus conjuras al combinar la difusión del mensaje lleno de moralina de la progresía a través del “mass media” con el chantaje a los propietarios de medios, cuya mayoría ya claudicó cediéndole el manejo de sus diarios, televisoras, etc., a cambio de mitigar la antipatía de los progre por considerarlos “barones de la prensa”. (Luis García Miro Elguera, en su columna “el Mundo al revés”, noviembre del 2018)

“La sociedad peruana recibe cada día “noticias” dogmáticas elaboradas por la camorra periodística. Todas uniformizadas y deformadas bajo el precepto de lo “políticamente correcto”. Inclusive con titulares exactos y comentarios semejantes, que provienen del circulo de opinólogos que se han apoderado de las páginas informativas y de los espacios editoriales de los diarios, televisoras y radios que publican estos trusts mediáticos.” ( Luis García Miro Elguera, en su columna el Mundo al revés, noviembre del 2018)

América Latina tiene una larga historia de justicia politizada y de política judicializada. Como dijo el presidente mexicano Benito Juárez, en el siglo diecinueve: «Para mis amigos, gracia y justicia; para mis enemigos, la ley». Desafortunadamente, ese sentimiento sigue siendo muy popular en gran parte de Latinoamérica en la actualidad.

«La ley es para todos». Están en lo correcto. Pero eso significa que la ley también debe ser para Villarán, PPK, Castañeda, Mendoza, debió ser para  Alan García  y deberá ser para  los dueños de Graña y Montero y el diario El Comercio. Claro también para los lentejeros y quienes financiaron sus  aventuras políticas con  petrodólares de Venezuela y otros tantos que llenaron sus bolsillos a costa de los prepuestos de obras públicas que nunca se ejecutaron, como hospitales y carreteras.

Nada de esto quiere decir que no sea necesario que la justicia enjuicie a los políticos y a otras figuras poderosas por corrupción. Por el contrario, la operación Lava Jato ha dejado en evidencia la relación incestuosa entre el dinero y la política en el Perú y América Latina.

Pero cuando los jueces y fiscales  eluden el estado de derecho, lo debilitan. Y cuando esas tácticas sirven para fines políticos, como lo han hecho en Brasil, los jueces ponen en peligro la democracia misma.

En cualquier caso, la ola de activismo judicial que los escándalos recientes han estimulado, hasta ahora ha producido poco o ningún cambio real. En particular, no ha habido una reforma electoral o de financiamiento de campaña, porque eso requeriría el apoyo de los agentes del poder político y económico que se benefician del sistema actual

Desde Brasil hasta México, quienes tienen la tarea de defender el Estado de Derecho están cada vez más ejerciendo la administración de la justicia con fines partidistas. En un momento de intensificación de la polarización política, este no es un buen augurio para el futuro de América Latina y particularmente el Perú.