Nuestro Estado pierde soberanía

Lo que es preocupante es la aplicación de la tergiversación de estos derechos por una cantidad de organismos internacionales dependientes de la ONU -y para los países americanos, los que dependen de la OEA-.
Sergio Tapia

La autoridad de la sociedad política es el Estado, que no siempre ha existido como hoy se nos presenta, concebido en la modernidad. Para las relaciones exteriores, el orden internacional actual resta soberanía al Estado y, riesgosamente transfiere facultades y atribuciones a los organismos internacionales asediados por una multitud de ONGs. En contraste, en el orden interno, el Estado acentúa una gobernanza totalitaria que va en desmedro de los derechos de la persona, de los atributos de la familia y de las autonomías de las sociedades intermedias.

En otros artículos me he dedicado al análisis de la tergiversación de los derechos humanos, que provee un mascarón de proa para un trasbordo ideológico, que enaltece lo revolucionario y ofende al Orden Natural y a los organismos encargados de mantener el orden interno de las sociedades.

Esta vez, haré referencias a la inflación de los derechos y a la implantación de una nueva moral globalista, que fue acertadamente denunciada por el distinguido sacerdote católico Juan Claudio Sanahuja –de feliz memoria–, específicamente en su obra “El desarrollo sustentable. La nueva ética internacional”, entre otros libros y numerosos artículos publicados.

Lo que es preocupante es la aplicación de la tergiversación de estos derechos por una cantidad de organismos internacionales dependientes de la ONU -y para los países americanos, los que dependen de la OEA-.

Los Estados, a través de sus gobernantes de turno, no controlan el acceso de personas con idoneidad en los organismos internacionales, más bien hay una malla de intereses representados por grupos de presión, que imponen candidatos y manejan las representaciones de las cancillerías, imponiendo resultados electorales imprevistos e imprudentes, en cuanto organismo internacional pueda ser una fuente de poder destinada a apretar a los Estados, cada vez más reblandecidos y timoratos en el ejercicio de sus facultades y atribuciones.

Sorprende que los fundamentos culturales de una sociedad, bien o medianamente expresados en los principios constitucionales y la legislación interna del Estado, cedan ante “recomendaciones” de los clubes de pensamiento ético subversivo de los organismos internacionales, cada vez más desfigurados por el uso arbitrario y el abuso irresponsable de sus revolucionarios que los integran (o los infiltran).

Llama la atención que la opinión ideológica emitida desde cualquier proscenio internacionalista, sea tan esclavamente admitida por gobernantes, jueces y legisladores de los Estados. Quizá porque haya connivencia ideológica en esa nueva ética internacionalista. Pero, también se constata que por la ignorancia que aturde con más frecuencia a las clases políticas dirigentes, los pensamientos y recomendaciones emitidas por quienes se escudan tras los oropeles de ese tejido de organismos internacionales surgidos de cada tratado de derechos humanos, celebrado y ratificado por los Estados inicialmente soberanos, y que los han transferido a camarillas cobijadas bajo la estructura y denominación de organismos de derecho público internacional.

Resulta que un grupo de radicales feministas pueden imponer al Estado, con el argumento de supuestas inobservancias a los tratados de derechos subjetivos, cambios en los principios éticos de la Sociedad Política, reformas constitucionales y modificaciones legislativas, y pago de indemnizaciones. En casos, reales, como el de relaciones sexuales sistemáticas de una menor de edad, la impunidad del violador mayor de edad por inacción de la familia, el intento de suicidio de la menor, la denuncia internacional de la familia contra el Estado porque los médicos no practicaron el aborto a la niña, el olvido de toda responsabilidad del depredador sexual y la carga indemnizatoria a cargo de los recursos estatales. Esta es la nueva casuística de derechos humanos, que se agrega a la de las indemnizaciones que en los últimos 30 años se vienen reconociendo y abonando a los terroristas.