Matrimonio igualitario

Raúl González

En nuestro país vemos que cada cierto tiempo se reaviva el tema del “matrimonio igualitario” y con ello vienen los debates en los que escuchamos hasta el cansancio cientos de argumentos en contra y a favor. Lo que es innegable es que las parejas del mismo sexo existen y no se puede “tapar el sol con un dedo”. Pretender que estas parejas no puedan establecer una vida familiar es una falacia, pues sus integrantes, sean dos hombres o dos mujeres son perfectamente capaces de comprometerse y tener relaciones estables, desde ese punto de vista un trato diferenciado hacia estas parejas en relación al derecho de tener una vida familiar es en sí una conducta discriminatoria.

Al permitirse el matrimonio entre personas del mismo sexo se estarían reconociendo una gran variedad de derechos y obligaciones a esas parejas. Por ejemplo, en una pareja heterosexual si uno de ellos entrase en coma, la pareja tiene el poder de decidir cómo y dónde tratarlo, qué médicos pueden verlo, y si fallece, puede decidir, si el difunto no dejó expreso deseo, dónde enterrarlo o incinerarlo. No sucede así con parejas del mismo sexo, la cuales al no tener un estado “legal” quedan completamente en el aire ante una enfermedad grave o fallecimiento de la otra parte.

El problema aquí es básicamente el Estado, mientras unos lo invocan en pro de salvaguardar el matrimonio tradicional y a la familia, otros acuden a él para que le de validez a su unión. Pero el Estado aquí está sobrando, el matrimonio es una cuestión moral y como tal es algo que no debería ser dirimido por el Estado.

¿Es válido que el Estado se pronuncie sobre cuestiones morales sin importar cuáles sean? Lo moral no puede imponerse por decreto pues lo que es válido para un grupo, no lo es para otro, y aunque podemos exigir que otros no interfieran con nuestras ideas y creencias no podemos forzarlos a abrazarlas así como tampoco nosotros podemos interferir ni abrazar la ideas de otros. El Estado por tanto no tendría tampoco por qué sancionar asuntos morales, y siendo el matrimonio un asunto netamente moral no debería ser sancionado por el Estado. El matrimonio, sea entre personas de distinto sexo o no, debería ser privatizado y el Estado tendría que desligarse completamente. Un sencillo acto contractual hecho ante un notario.

Finalmente, el matrimonio es una sociedad de gananciales, y como tal dos personas -al margen de su sexo- que quieren entablar una relación marital podrían establecer compromisos y acuerdos sobre su relación, bienes, herencias, etc., y fijar todo eso  por medio de un contrato, así las personas podrían emparejarse con quien deseen de acuerdo a cláusulas que estipulen entre ellos, y los que deseen una sanción moral de su unión están en la libertad de pedirla a su grupo religioso o iglesia.

La solución no es legalizar por decreto el matrimonio homosexual; la solución es privatizar el matrimonio sin importar el sexo de los contrayentes.