¿Y, la independencia de los abogados?

ANDINA
Sergio Tapia

Se viene haciendo frecuente la intervención fiscal en oficinas de abogados para la búsqueda de pruebas que incriminen a sus clientes.

Antes de seguir con el desarrollo de este estropicio contra los que ejercen la profesión de asesorar legalmente y defender al ciudadano frente a las autoridades, en todo tipo de procedimiento judicial o administrativo, y de manera especial los abogados que asumen la defensa en procesos penales, debo decir que yo no estimo que la justicia pueda restablecerse, recurriendo al uso y el abuso de la colaboración eficaz. Un mecanismo salva de la condena si el delincuente plenamente probado, se torna en acusador de otros, los que fueron sus cómplices. Salvo para la persecución de bandas cerradas como las del terrorismo, el narcotráfico y la mafia (esto es, las verdaderas asociaciones para delinquir).

No creo que para perseguir la corrupción, sea útil la colaboración eficaz. Porque los elementos que intervienen en un acto de corrupción son, por ejemplo, un contratista privado que corrompe, una autoridad pública que es corrupta, una obra o construcción especificada en detalle, un contrato y su precio. Toda la documentación que contiene esos elementos de la corrupción, permanece conservada en las oficinas del Estado. Por lo que se puede conocer quiénes son los corruptores que representando al contratista privado en todas las etapas del proceso de contratación y firma del contrato, participaron en la obra. Se puede identificar a los funcionarios públicos que participaron en todo el proceso de contratación: se puede saber quién aprobó, quién negoció y quién firmó. La obra generalmente es una construcción, que puede ser objeto de peritajes para determinar cuánto debió costar realmente. Y se tiene, además,  el contrato y los pagos del Estado. Por lo tanto, se puede distinguir muy bien toda diferencia entre el precio real que costó la obra, y lo que pagó el Estado. La coima de la corrupción se evidenciará. Y con este procedimiento, se elimina el beneficio de perdonar al contratista corruptor.

A pesar de eso, soportamos sin ninguna utilidad el uso y abuso del procedimiento de colaboración eficaz que, para colmo, beneficia directamente a los funcionarios delatores de la contratista Odebrecht, el mayor corruptor continental y de la historia universal que ha dejado su oscura estela por donde pasó, corrompiendo a demócratas y totalitarios, a las izquierdas y a las falsas derechas, a los liberales y a los socialistas. Siempre es la misma fórmula con dos factores. El factor permanente es Odebrecht que corrompe y delata, el factor cambiante es cualquier autoridad o funcionario indistinto. De lo que resulta que el premio por la delación ha sido siempre para Odebrecht.

Como efecto de ese mal recurso, además innecesario,  la Colaboración Eficaz, se produce el allanamiento de oficinas de abogados, autorizado por los jueces a solicitud de los fiscales, para “encontrar” información de interés para la investigación fiscal (o sea que los fiscales ¿aún carecen de pruebas?). Para ello necesitan buscar en las agendas, correos electrónicos, videos, audios, celulares y demás documentos. Es decir, deberán leer todos los archivos del abogado. Significa leer todo lo de todos, lo que incluye a quienes no estén bajo  sospecha alguna. Esto viola dos principios fundamentales de todos los clientes del abogado afectado: la reserva de los documentos privados y el derecho de defensa. Además, los fiscales piden que durante la intervención se autorice el “registro de las personas” (el cacheo policial), de los presentes y de los que lleguen (o sea, a un cliente que no tiene nada que ver con Odebrecht, o un compañero de promoción que visita al abogado, etc.).

En 1990 en las Naciones Unidas, se aprobaron 29 principios que los Estados deben de cumplir, como derechos de los abogados, los mismos que deben gozar de la garantía para desempeñar “todas sus funciones profesionales” sin intimidación, obstáculo, acoso o interferencias indebidas (principio 16). No deben ser “identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes” (principio 18). Y, los gobiernos deben respetar la “confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas, entre los abogados y sus clientes” (principio 22).

Llama atención el silencio del Colegio de Abogados de Lima. También el silencio del Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Abogados y Jueces, que es ex-ministro del Perú, ex funcionario de la OEA (de la Comisión y de la Corte de Derechos Humanos), quien desde su actual puesto internacional, no puede ignorar lo que sucede y se repite en su propio país.