El Frontón, la cuota y la persecución

Sergio Tapia

Hace ya más de 34 años, en 1986, se produjeron acciones violentas, sumamente inesperadas y cruentas, y con consecuencias que no se predecían ni con la imaginación más descabellada. Algo más de ciento cincuenta presos por delito de terrorismo, a las seis de la mañana del día 18 de junio, al momento del desencierre que cotidianamente hacían un grupo de ocho a diez policías de la ex-Guardia Republicana, fueron violentamente intervenidos por un grupo de presos armados. Tomaron a dos de los policías de rehenes y a un tercero lo asesinaron en el acto, a los otros policías los hirieron pero lograron escaparse sin sus armas; hirieron también a los del personal del INPE.

A la misma hora hacían lo propio, los presos por terrorismo de la cárcel de Lurigancho y de la cárcel de mujeres del Callao. Las circunstancias eran de lo más apropiadas, para la resonancia publicitaria que siempre buscan los terroristas para sus sanguinarias acciones, pues, su propósito psico-político no es ocultar lo que protagonizan, sino difundirlo al máximo. Así pues, ese día Lima concentraba políticos y prensa venidos de todo el mundo, pues se inauguraba el Congreso Mundial de la Internacional Socialista; el primer gobierno de Alan García (1986-1990) recién había cumplido los primeros 11 meses, y el partido Aprista -de tendencia social-demócrata- en su calidad de partido por primera vez gobernante pleno en el Perú, celebraba como corresponde a a naturaleza política de las organizaciones partidarias.

Uno de los variopintos grupos ideologizados bajo la común denominación “Partido Comunista del Perú” (que otros, ajenos a su estructura pero no a sus inconfesables fines, han logrado sustituirlo por el nombre de “Sendero Luminoso”, logrando una transposición denominativa que oculta la verdadera identificación ideológica, el comunismo, que lo desvela a la ya secular criminalidad y destrucción social y económica), dio inicio en el departamento de Ayacucho, en abril de 1980, a lo que denominaron “Inicio de la Lucha Armada”, cuyas crueles operaciones asolaron al Perú a lo largo del segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985).

La palabra del profesor universitario, Abimael Guzmán, líder y fundador del partido que hasta ahora produce asesinatos inmisericordes desde hace 39 años, es creída como verdad de fe, es creída por sus seguidores con fidelidad discipular. Para entender la búsqueda de la muerte en la sublevación de los tres penales, de junio de 1986, es importante remontarse a la exigencia que hizo a sus partidarios ese líder llamado el camarada “Gonzalo” (el sobrenombre de uso partidario, es lo acostumbrado en las organizaciones comunistas, porque adoptan la clandestinidad organizacional). Desde 1981 la organización comunista terrorista en el Perú, exigió “la cuota de sangre” a sus miembros, morir por la Revolución, dar la vida por el partido, sacrificar lo vital por la victoria política de los que quedarán vivos. Así convirtió a los militantes comunistas en criminales despiadados por motivación ideológica, en autómatas ideologizados en búsqueda de obtener el fin de sus propias vidas. La exigencia de Abimael Guzmán a sus ideologizados seguidores, reclamándoles que hicieran pender sus vidas de las yemas de sus dedos; fue el paroxismo y la tensión extremos.

La “cuota de sangre” fue el suicidio colectivo buscado por los presos por terrorismo. Fueron usados como cosas, no como seres humanos, por la perversidad del líder revolucionario.

Pero, hay otras perversidades que se acumulan, como la de mantener sometidos a juicio a los marinos que participaron en las operaciones de rescate de los rehenes y recuperación del penal para ayudar a trasladar a los presos por terrorismo al penal de máxima seguridad de “Castro Castro” (apellidos de un director del penal El Frontón, asesinado por los terroristas).

Trece procesos de investigación y judiciales, durante 33 años: dos en la justicia militar, dos procedimientos de investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dieron como resultados dos procesos judiciales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tres investigaciones archivadas en las fiscalías de Lima y Callao, tres instrucciones abiertas en el 2005, 2007 y 2013, que fueron acumuladas en un juicio oral.

Lamentablemente, ese juicio oral está expuesto para ser desvirtuado por el impulso de los intereses del empoderamiento de las ONGs, y será instrumento para la venganza motivada ideológicamente. Traspasará las páginas de las crónicas periodísticas, para reducirse a un instrumento psicopolítico.

Ocultos quedarán los hogares de los marinos, sufrientes cónyuges y maltratados hijos y nietos, que verán la humillación de sus pater familiae, porque ayer cumplieron noble servicio, y hoy son maltratados en su honor y su tranquilidad. Es que vivimos una época tan confusa, que los delitos de ayer son los derechos de hoy, y viceversa.