Contraloría bajo la lupa

Sede Principal de la Contraloría General de la República de Perú
Julio Ubillus

Básicamente, la Constitución recoge los valores esenciales de la cultura política y jurídica del mundo civilizado, tradicionalmente no se puede legislar por encima de ello, porque de otra forma estaríamos en una manipulación de su jerarquía suprema como punto de referencia, al orden colectivo e individual.

En la Carta Magna, hay un capítulo destinado a los Organismos Autónomos, entre ellos, el Art. 82 destinado a la Contraloría General de la República, cuya función es clara y específica: Supervisa la Legalidad de la Ejecución del Presupuesto del Estado. Sin embargo, debido a una deficiente legislación que regula este artículo Constitucional, se ha dado lugar a una distorsión del contenido Constitucional de esta Institución,  debido a las Leyes 27785 y su modificatoria 29622, legisladas por congresistas sin mayor preparación constitucional y conocimiento de lo que es una Contraloría ajustada a normas técnicas y actualizadas.

Esta criticable y deficiente labor legislativa de las normas comentadas, ha generado un errático desarrollo de control en el sector público, en su norma 27785, Art. 15.inc. f) … “Informes de Control no corresponderá abrir investigación policial o indagatoria previa, así como solicitar u ordenar de oficio la actuación de pericias contables”. Es decir, estos informes son un dogma que tenía que aplicarse sin discusión alguna, ni las partes, ni el Juez ni nadie podía cuestionarlos; violándose los Derechos Fundamentales de la defensa, al debido proceso, al derecho a la prueba; limitando al Juez al momento de administrar justicia; esta mal entendida prueba plena, de antemano enviaba al cadalso administrativo a los trabajadores.

A petición de la propia Contraloría, por tener iniciativa legislativa, solicitaba normas con gran publicidad, y el Congreso, irresponsable en mantener la pirámide constitucional de Kelsen, aprueba la Ley 29622, y le extiende las facultades sancionadoras por las supuestas infracciones que podrían cometer los funcionarios públicos. Los reclamos y protestas de abogados, de Jueces y Fiscales que hacen respetar su fuero, y muchas veces dejaron de aplicar estos Informes de Control violatorios a los derechos Constitucionales, creando controversias y distintas resoluciones en estos últimos años.

Como no podía ser de otra forma, el señor Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, doctor Alfredo Álvarez Díaz, con el apoyo de un universo de abogados, académicos y especialistas, en una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 29622 que modifica la 27785, lograron que se declarara –valga la redundancia-, la inconstitucionalidad de las Facultades Sancionadores de la Contraloría.

En los últimos días, en los medios de comunicación social, funcionarios vinculados a la Contraloría, prestaron declaraciones protestando por esta sentencia del Tribunal Constitucional, con el argumento de que “se perderían millones de soles no recuperados”  “y que regresarían miles de funcionarios sancionados”.

Estas declaraciones son una falsedad genérica digna de ser sancionada, en atención a que estas normas inconstitucionales que hemos comentado, no recuperan los miles de millones que bajo distintas figuras penales se le ha hurtado al Estado; más bien, se ha desarrollado todo un fuero administrativo que tienen como inicio los Informes de Control, luego un Jefe de Instrucción como Primera Instancia, y que finaliza en un Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General.

Para ello, ampliaron una cobertura sobredimensionada de plazas sin ningún beneficio para el Estado, cuando en el supuesto de encontrar alguna responsabilidad de Funcionarios, es suficiente remitir los actuados a la Fiscalía Penal o Civil. Sin embargo con el Régimen de Potestades Sancionadoras, independencia de la burocracia innecesaria, se ha sometido, en no pocos casos, a una verdadera Santa Inquisición Contralora, facultada en sus leyes declaradas inconstitucionales, con verdaderos atropellos y abusos para miles de Funcionarios que han visto truncadas sus carreras administrativas y proyectos de vida.

Finalmente, los Colegios de Abogados, Profesores Universitarios y conocedores en la materia, están solicitando una modificación sustancial de la Legislación de Control, para que con eficacia recuperen los fondos del Estado Ilícitamente sustraídos, regresando al erario nacional, para los fines de desarrollo; y que aquellos empleados públicos que cometan infracciones respondan por sus actos ante los fueros respectivos.