“Propongo una salida a esta crisis institucional, presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada, por eso esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum”.
Eso es lo que dijo exactamente el presidente Martín Vizcarra al Congreso. Sus motivaciones subjetivas –desde las sospechas de un plan oculto para un golpe institucion al hasta la tesis de un generoso desprendimiento personal- son objeto de especulación que es una pérdida de tiempo desde que no tienen verificación posible. Si el presidente no sabe o no puede ya resolver los problemas del pueblo, hace bien en irse y llevarse consigo al Congreso.
No se puede negar objetivamente, primero, que el escenario político de este quinquenio -irresponsablemente marcado desde el primer día
por una confrontación política innecesaria- no permite ya las reformas que el país necesita. Y, segundo, que adelantar las elecciones para un nuevo reparto de cartas entre gobierno y oposición no es una mala salida de esta pesadilla interminable.
“La confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos”, dijo. Pero es un pretexto. El gobierno no necesita justificarse en que la oposición desnaturalizó la reforma relativa a la inmunidad parlamentaria, como antes desnaturalizó también la bicameralidad tratando vergonzosamente de instrumentarla para su propia reelección.
Fríamente, lo real es que tanto el gobierno como la oposición saben muy bien que la Constitución prohibe disolver el Congreso en el último año del quinquenio. Desde el punto de vista del gobierno, entonces, ese último año es inviable e insostenible. Desde el punto de vista de la oposición, de otra parte, el plan es atrincherarse y resistir un año en el Congreso para que, cuando la espada de Damocles de la disolución haya finalmente caído, proceder a maniatar al Ejecutivo, ponerlo bajo su férula e incluso, de ser necesario, vacar una vez más la Presidencia.
Poco le importa al pueblo, sin embargo, el punto de vista de la oposición o el del gobierno, porque lo que debería importarles a ambos es el punto de vista del Perú. Y, desde él, este ya es un quinquenio perdido. Para el sentido común, el mal menor será un nuevo reparto de cartas entre gobierno y oposición. Uno que solo el pueblo puede legítimamente otorgar en elecciones.
Otra cosa es cuál sea el camino constitucional para conseguirlo. La oposición esgrime la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones, lo que le ganará una nueva oleada masiva de rechazo popular. O, más astutamente, pide la renuncia del mandatario (y de la segunda vicepresidenta) para que el nuevo titular del Congreso asuma y convoque a elecciones a sabiendas de que es un camino incierto. (La convocatoria a elecciones por el Congreso, por ejemplo, está prevista en la Constitución para el caso del impedimento permanente del presidente, pero no para una renuncia que la Constitución no contempla).
Si lo que la oposición pretende es quedarse en el Congreso hasta el 2021 con otro gobierno pero dentro del mismo estado de cosas actual, debería defenderlo políticamente en lugar de esconderse tras las faldas de constitucionalistas que dirán lo que ella quiera. Todos sabemos que es posible reclutar media docena de juristas que argumenten la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones (y hasta de la renuncia presidencial), pero lo que debe ocupar en primer lugar a estos salvadores de la República de las ambiciones del “dictador” es reclutar a otra media docena de juristas que diseñe la forma constitucional de hacer estas elecciones posibles para que el Perú pueda retomar cuanto antes su camino.