El derecho a la protesta

José Antonio Olivares

El derecho a la protesta no es un derecho más, sino uno de especial relevancia dentro de cualquier ordenamiento constitucional: se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Sin un robusto derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo. Por ello resulta sensato designar al derecho a la protesta como “el primer derecho”. El filósofo político John Rawls defiende una idea en parte semejante, cuando habla de la especial prioridad (“prioridad lexicográfica”, decía Rawls, en su particular y rico lenguaje) que merecían cierto tipo de libertades civiles básicas, aun frente a otros importantísimos derechos económicos y sociales. En cambio, si tenemos un amplio y genuino derecho a la crítica política, es dable esperar que ganemos nuevos derechos (y que preservemos intactos aquellos con los que ya contamos) a resultas del primero, ahora podemos luchar por los que no tenemos.

En razón de que, intuitivamente, reconocemos el valor del derecho a la protesta, nos indignamos al saber que gobiernos como el venezolano arresta sin miramientos a los miembros de la oposición, o facilita el ejercicio de la violencia contra quienes se manifiestan en contra de las autoridades. Nos incomoda, de modo similar, saber que el gobierno chileno o el ecuatoriano utilizan el rigor de las leyes antiterroristas contra debilitados grupos indígenas; o que el gobierno argentino acumula muertos en situaciones de protesta social (alrededor de una veintena) detrás de una imperturbable retórica de compromiso con los derechos humanos.

Frente a la protesta no basta alegar, que la que se desarrolla en la calle puede traer aparejada violencia; la violencia, si es esperada puede prevenirse, si irrumpe, puede lidiarse con ella por separado; y en ningún caso debe servir como excusa para poner en cuestión el derecho fundamental en juego. Es lo que todos nuestros países han aprendido a hacer en relación con el derecho de huelga: que un individuo cometa un acto de violencia durante una huelga no pone en duda al derecho de huelga, sino al individuo que cometió dicho acto de violencia. Y claro ese individuo debe ser sancionado.

Tampoco es sensato recortar la protesta aludiendo a la presencia de otros intereses relevantes; los derechos no son otra cosa que intereses fundamentales, a los que identificamos como tales para dejar en claro que merecen una atención prioritaria, y que no aceptamos desplazarlos por consideraciones que no sean de idéntica jerarquía. ¿Y qué decir, entonces, frente a la presencia no de vaporosos intereses, sino de otros derechos eventualmente en conflicto con el derecho a protestar (el derecho a la paz social o al orden, el derecho al libre tránsito)?

La cuestión, según Gargarella, doctor en derecho, sociólogo y docente la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Torcuato Di Tellano, no radica únicamente en advertir aquella contradicción fundamental, sino en vislumbrar cuál de los derechos en pugna es el que debe prevalecer en esas circunstancias asiduas donde se presenta una aparente confusión en la determinación de los mismos.

Frente a esas situaciones de conflicto entre derechos, no nos queda más que seguir razonando. Necesitamos, sin duda, hacer el máximo esfuerzo por acomodar todos los derechos en tensión entre sí, pero debemos aceptar a la vez que, de forma habitual, el conflicto de derechos se resuelve recortando algunos de los derechos en juego. Se trata de situaciones desgraciadas para el orden constitucional, pero también el “pan de cada día” de nuestra vida jurídica

Gargarella recorre el camino inverso cuando en un artículo publicado en medio de los reclamos de las centrales patronales razonaba: “Hay en la discusión sobre los cortes de ruta una triste superficialidad, casi de niños, que lleva a que muchos sostengan la idea de “si los otros pueden, entonces yo también” (“si a los demás les toleran el corte de ruta, entonces no me digan nada por el mío”). La pretensión es errónea: el derecho no sanciona, por caso, el “hurto famélico” (no pena al hambriento que roba un pedazo de pan), pero eso no justifica que otra persona, bien alimentada, robe comida y diga “a mí tampoco me castiguen.” Simplemente, no todo es lo mismo”. “El hecho de que alguien proteste en nombre del interés propio (contra lo que suele decir la derecha frente a las protestas de los pobres) no desvirtúa el derecho a la protesta, sino que le da contenido. El punto es que no todas las protestas son equiparables ni se encuentran igualmente justificadas, ni merecen el mismo amparo jurídico.

Finalmente, quienes defienden al campo deben ser obviamente protegidos en su derecho a protestar, aunque no merezcan ser igualmente excusados, desde un punto de vista jurídico, en caso de afectar, como hoy lo hacen, los derechos de terceros: ellos cuentan con innumerables medios alternativos –menos dañinos para los demás– para hacer visibles sus demandas y atendibles sus reclamos”

En síntesis, el autor entiende que a las democracias deliberativas les interesa garantizar prioritariamente la crítica política «de todos», pero muy especialmente, la de los grupos más postergados de la sociedad.

( Gargarella, Roberto: “Cortes de rutas: no todo es lo mismo”, Gargarella, Roberto: «Castigar al prójimo», Siglo XXI Editores, 2016, p. 142)