El concepto proxy viene del campo de los servidores de redes en el internet. Cuando hacemos una petición de información en internet, la ruta de la petición podría estar siendo atendida por un servidor proxy, para optimizar el tiempo de entrega de la información. Es algo más complejo pero la idea central es que un servidor proxy es un tercero intermediario que está en capacidad de atender y proveer una respuesta a una petición con seguridad, control, transparencia, prontitud y calidad.
En un artículo anterior de anticipación sobre las posibilidades de Perú en las próximas décadas dijimos: Se legisla el outsourcing, la tercerización de servicios de PMOs internacionales para la generación de proyectos e incluso, la propia concesión del proyecto, se tercerizan. Un nuevo marco legal permite al Estado peruano delegar la evaluación y concesión, remunerada, a uno de cinco Estados rotativos con el mayor índice de transparencia y honestidad del planeta (Noruega, Finlandia, Dinamarca entre otros). Los proyectos son cogestionados y concesionados desde un Estado proxy.
Este concepto puede traer críticas sobre el rol del Estado peruano para generar desarrollo, ocuparse de gestionar, monitorear, controlar la calidad de los entregables, que se ciñan al presupuesto y se cumplan en los plazos. Hay todo un aparato estatal que está para eso. ¿Cuál es si no, el rol del ministerio del sector y de la Contraloría? ¿Para qué está Proinversión? Y es razonable.
Pero los hechos de la era Odebrecht son solo la punta de un iceberg que textos fundamentales como el del historiador Quiroz Norris “Historia de la Corrupción en el Perú” nos revelan. La inocultable y recurrente ineficiencia del Estado para asumir su rol; las enormes brechas y facilidades incluso institucionalizadas, con las que el aparato estatal puede ser usado desde el poder, para condonar el robo y el asalto al erario nacional. Y son estos hechos visibles, que el caso Lava Jato evidenció para todo el país, los que nos permiten afirmar que para que presidentes, ministros, viceministros y altos funcionarios públicos hayan podido aprobar sobrevaluaciones groseras y adendas jugosas, esto pasó necesariamente por que Contraloría no funcionó, el sistema de arbitrajes fue comprado, Proinversión convalidó técnicamente propuestas que luego fueron infladas 5 ó más veces su valor original y no dijo nada. El aparato del Estado ayudó al pillaje por acción u omisión.
¿Es posible entonces buscar soluciones alternativas para viabilizar proyectos urgentes para el país? Debemos insistir en utilizar las mismas vías institucionales, confiar que el aparato del Estado haga su trabajo, con la expectativa que esta vez sí, ¿se logrará un resultado diferente?
Un ejemplo muy cercano de lo que un Estado proxy puede hacer por nuestro desarrollo se ha visto en los recientes Juegos Panamericanos. Son vistos como un éxito internacional. Hace apenas dos años no se había ejecutado ni el 0.5% de lo requerido.
En abril de 2017, el Gobierno peruano, a través del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los Juegos Lima 2019, representado por Carlos Neuhaus como presidente del Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos (Copal), firmó un acuerdo con el Department for International Trade (Ministerio de Comercio Internacional) del Reino Unido para coordinar la cooperación y asistencia en los Panamericanos Lima 2019.
Perú aprovecharía la experiencia del Reino Unido en la organización de eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Commonwealth Glasgow 2014. El objeto del acuerdo era proveer de una gestión y ejecución eficiente, transparente, competitiva de las licitaciones y concursos lo que redundaría en la realización exitosa de los Juegos
Es decir, se delegó en un país con experiencia específica, para que se ocupe de lo que nuestro Estado no puede, por que no está preparado para ello.
De esta forma el Gobierno inglés se encargaría de las contrataciones, supervisiones de las obras y la garantía de transparencia y de entregar los trabajos a tiempo. Así quedó establecido en el acta de la sesión del Copal Lima, del 8 de mayo de 2017, donde se señala que el apoyo del Reino unido sería en tres ámbitos: la revisión de la documentación; la supervisión del expediente técnico y la supervisión de obra; también incluye asesoramiento transversal ante cualquier contingencia que se presente hasta que se finalice el proyecto.
El convenio establece el denominado contrato NEC, que es el modelo de contrato inglés que integra condiciones que, además de facilitar acuerdos entre contratistas y contratantes, simplifica el uso del lenguaje jurídico y el manejo de controversias –ojo con esto, que evita el síndrome García – con el fin de evitar modificaciones contractuales (adendas).
Este tipo de contrato, plantea que todas las contrataciones se realicen fuera de la Ley de Contrataciones del Estado, esto permite que los proveedores no necesiten inscribirse en el Registro de Proveedores, evitando así que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) pueda supervisar las obras.
Arturo Woodman, extitular del Instituto Peruano del Deporte y responsable de la organización de la Copa América 2004 y el Mundial de Fútbol Sub-17 2005, opinó en su momento que “este acuerdo denota que el Estado peruano no se encuentra en la capacidad de ejecutar obras y que no tiene una legislación adecuada para emplear de forma transparente el presupuesto asignado”.
¿Cuántos puentes que se caen, escuelas que no se construyen, hospitales que no se terminan, carreteras sobrevaluadas a medio hacer, infraestructura sanitaria básica que no se mantiene o se posterga podría ejecutarse en tiempo récord con un sistema mejorado de implementación y utilización de las mejores capacidades de un Estado proxy? Gratis no es. El acuerdo le costó al Perú una fracción mínima del costo total del proyecto, pagado de gobierno a gobierno. Se externalizó el problema de la corrupción.
El resultado ha sido impresionante, la ejecución impecable y se inauguró a tiempo. Cero adendas.
Bajo el enfoque del Estado proxy todos los megaproyectos y proyectos que se requieran para cerrar la brecha de infraestructura, contemplarán socios locales. El problema de la corrupción se externaliza por que el Estado peruano ya no se ocupa. ¿Podría Odebrecht haberse levantado en peso al Perú gracias a un Estado cómplice, si las obras hubiesen sido evaluadas, concesionadas, monitoreadas y arbitradas por un Estado proxy como Alemania, Noruega ó Dinamarca?
Ahora piensen en las 39 medallas de oro, plata y bronce que ya consiguió Perú y la extraordinaria infraestructura deportiva que queda para el país en beneficio de los semilleros de jóvenes talentos para futuros lauros deportivos.