Dos curvas juntas

Jorge Morelli

Conviene despejar un malentendido que genera temor ante los pasos necesarios para una nueva política pública sobre la minería, que se exprese en la Ley. Tal vez incluso  en la que el gobierno prepara, alternativa a la de los gobiernos regionales del Sur, que pretende entregar los recursos a los gobiernos regionales.

De otra parte, algunas empresas mineras están convencidas de que está en el objetivo de los liberales aplicar en el Perú el marco legal vigente en Estados Unidos, que entrega al dueño de la superficie la propiedad de los recursos del subsuelo. El hecho es que esto es invuable y nadie lo propugna en el Perú. Menos que nadie la izquierda, cuyo objetivo es que el Estado monopolice la propiedad de los recursos naturales del subsuelo para apoderarse de ellos capturando el Estado.

Pero se necesita un cambio. Y el mejor es el que propone darle un valor de mercado global a la superficie de tierra sobre los recursos naturales. Hay empresas mineras en el Perú, incluso algunas grandes, que están, sin embargo, en la negación de la realidad. Se aferran a un estado de cosas que ha desaparecido y se oponen a todo cambio, incluso a este.

A lo sumo se avienen, de mejor o peor gana, a financiar el apaciguamiento de quienes controlan la superficie -comunidades u otros- ya sea repartiendo dinero –el peor error posible- o mediante la generosa prestación de servicios sociales, la participación en la renta o incluso la propiedad accionaria. Todas estas formas de convenio, sin embargo, no hacen sino ganar tiempo -o perderlo, más bien- sin ver lo que se incuba.

Las empresas mineras en el Perú, nacioanles o extranjeras, no están solo ante poblaciones irritadas. Se hallan ante un plan político perfectamente instrumentado desde el exterior -con inteligencia y recursos ilimitados- para capturar el poder y hacerse del control de los recursos naturales del Perú para el siglo XXI.

Los mineros saben por experiencia que quienes controlan la superficie -comunidades o no- son sus aliados antes que sus competidores. También que, si los mineros informales les disputan la tierra sobre los recursos, lo hacen para arañar luego la superficie apenas, sin capital para explotar los recursos plenamente.

Existen un número de casos actuales de éxito del libre contrato entre las comunidades y las minas. Pero la verdadera solución solo llegará cuando los que controlan la superficie puedan ver, que las acciones de su tierra suben junto con las de la empresa que extrae el recurso si la producción avanza, y que ambas caen juntas si la producción se detiene interrumpida por reclamos de índole política.    

Todo el secreto estriba en que esas dos curvas vayan juntas. Y eso solo ocurrirá cuando la superficie tenga un valor de mercado global tal como lo tienen el recurso debajo de ella. Cuando los mineros en el Perú –formales e informales- comprendan esto, podremos movernos hacia una política pública de libre contrato entre la superficie y el subsuelo y entre las comunidades y las minas.