Quieren plata

Shuar Velásquez*

Durante los últimos 10 años, pero especialmente entre los años 2015 y 2019, existe un mensaje equivocado respecto a las protestas de los pueblos indígenas del circuito petrolero de Loreto. Este mensaje es que, en cualquier protesta, el trasfondo es porque quieren plata.

El origen de este mensaje es, por un lado, el Estado, que a través de sus múltiples canales de gobierno central, regional y local, viene propalando este mensaje ofensivo cuyo objetivo es deslegitimar las justas demandas de las comunidades.

El otro origen es el sector privado. En las redes sociales se han visto imágenes del pasado de cómo, ciertos funcionarios privados, están entregando fajos de dinero a representantes de algunas comunidades del circuito petrolero. No se sabe la finalidad de ese dinero y en qué contexto se dio, pero lo cierto es que es una imagen que ha calado bien en ese discurso de que los indígenas solo desean plata.

En el fondo, las causas de las protestas sociales del circuito petrolero de Loreto, son básicamente 03: 1) La deuda histórica que tiene el Estado respecto a su obligación de proveer servicios básicos para el beneficio de las comunidades y que no lo ha hecho, 02) La histórica realidad de contaminación petrolera y de abandono hacia las comunidades y, 03) La imposibilidad de construir una agenda común entre la industria extractiva y los pueblos indígenas del circuito petrolero.

Es conocido por todos la ausencia del Estado respecto a los pueblos indígenas. En los últimos 45 años de actividad extractiva en la Amazonía, se calcula que se han generado, en cuánto a pagos por concepto de canon, más de 35 mil millones de dólares. Sin embargo, por las causas que sean, este recurso no se traducido en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades, a pesar de vivir al costado del Oleoducto y de los lotes petroleros.

Además de no ver las bondades de una actividad próspera como la extractiva, las comunidades del circuito petrolero han sido víctimas de los múltiples derrames de crudo. Según el Ministerio de Salud, en el Informe: “Determinación de metales pesados en las comunidades de Cuninico y San Pedro – cuenca del Marañón del Departamento de Loreto, enero del 2016”, respecto a los impactos de los derrames que se produjeron el año 2014, en los habitantes de las comunidades de Cuninico y San Pedro, se encontraron, mediante exámenes de orina, que 73 (67%) personas de la comunidad de Cuninico y 10 (59%) personas de la comunidad de San Pedro, presentaron niveles de mercurio superiores a los rangos referenciales. Así mismo, 71 (65%) personas de la comunidad de Cuninico y 13 (76%) personas de San Pedro presentaron niveles de cadmio superiores a los rangos referenciales.

Por último, está la imposibilidad de construir una agenda común entre la industria extractiva y los pueblos indígenas del circuito petrolero de Loreto. ¿Será posible que, luego de esta relación de desigualdad y perjuicio, se puedan trabajar temas que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades? ¿Ha habido alguna vez, en la historia de nuestro país, una agenda donde se puedan sentar los pueblos indígenas y la industria extractiva para construir una relación futura basada en el compromiso y el desarrollo común? ¿Debe el Estado cumplir con su deber para con esas comunidades y centros poblados? ¿Debería de dejar de lacerar a los pueblos indígenas con ese mensaje vergonzoso y cobarde de que solamente quieren plata? ¡No hay derecho, señores!

Estamos seguros que el sueño de los pueblos indígenas, además del buen vivir, es la posibilidad de trabajar juntos y crear prosperidad compartida con miras al bicentenario.

*Presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú.