El Estado de malestar

Ramiro F. Prialé

En los Estados de bienestar la relación gasto público/PBI como Reino Unido (45% de gasto del PBI), Suecia (50% PBI) y Francia (56% PBI) contrastan con las de Estados asiáticos como Corea del Sur donde el gasto estatal representa 19% del PBI, en Taiwán 18%, en Singapur 18%, en Tailandia 22%, en India 26% y en China 30%.

Sean Estados de bienestar o el modelo asiático, en el Perú el gasto público se sitúa alrededor del 19% del PBI; más cerca de los tigres asiáticos, pero sin las garras. Esto es porque en Perú (algo similar al resto de Latinoamérica) la inversión estatal se produce al margen de una reforma estatal, de prefigurar un nuevo Estado. Y los resultados son devastadores.

No solo no hemos consolidado instituciones. Los escándalos Lava Jato y Lava Juez, el rol nefasto del Congreso, la parálisis del Ejecutivo, la crisis de credibilidad de toda la clase política y el contexto político en estado de shock agravado por la corrupción conspiran abiertamente contra la estabilidad institucional.

Tampoco hemos resuelto los alarmantes déficits de infraestructura y estamos lejos de desarrollar una reforma real de la educación y del sistema de salud.

El 2019 la deuda pública alcanzó su nivel más alto en los últimos 10 años. Hasta julio, la inversión pública había caído 7.45 por ciento. El diario El Comercio, reporta que en los últimos 5 años se devolvieron al Tesoro Público, en promedio, S/. 22.320 millones anuales por falta de ejecución.

La incapacidad ejecutoria en un país descentralizado significa por ejemplo que, si los gobernadores regionales Vladimir Cerrón de Junín ó Walter Aduviri de Puno recibieron un presupuesto para obras y servicios como 100 y a fin de año solo han podido ejecutar 25, lo no ejecutado se devuelve al Tesoro. Otro ejemplo en salud: hasta agosto de este año 23 regiones habían gastado menos del 50 por ciento del presupuesto de medicinas.

Los 22,320 millones de soles anuales promedio devueltos, expresan esa incapacidad ejecutoria.

La distancia que nos separa de un Estado de bienestar no pasa por elevar el porcentaje de inversión para ubicarnos a la par de ejemplos europeos que sobrepasan el 45% del PBI. Estados unidos con 35% del PBI tiene mejor capacidad para sortear la crisis con mayor rapidez. Tampoco situarnos en promedios menores al 25% del PBI que logran tasas muy altas de crecimiento en medio de la desaceleración mundial, porque cuenta con un Estado eficiente.

No tenemos capacidad ejecutoria. No importa que se eleve el monto de inversión al doble. Las regiones no tienen las capacidades para ejecutar ni lo que reciben actualmente.

Y esto es porque todos los procesos del aparato público están comprometidos. La corrupción no es solo arriba, en las altas esferas de la política. Está enraizada en todo el aparato público, en una Contraloría a la que se le pasaron algunos miles de millones de adendas jugosas y proyectos con ostensible sobre precio; en un Proinversión que luego de dos años mínimo para sacar una Asociación Público Privada o aprobar la factibilidad de un proyecto y licitarlo por un monto determinado, no observa que las adendas progresivamente elevan los costos a 5 veces el monto original. De un Congreso que, alineado con Odebrecht, debe dar la conformidad para declarar “de necesidad nacional” mega proyectos inflados o que, usando y abusando de la mayoría, eliminan comisiones investigadoras incómodas.

La pregunta ¿es posible crecer con un Estado, sin reforma? Creemos que no. No es un tema de presupuesto, sino de capacidades no presentes en el Estado peruano; de atrofia moral de la clase dirigente y de los funcionarios públicos que (des)manejan el aparato público.

Hemos planteado en articulo previo, externalizar la corrupción y utilizar provisionalmente uno o varios Estado proxy de reconocido prestigio e integridad institucional para que se encarguen de gestionar todos los procesos de licitación de infraestructura nacional. La ejecución de campo se realizará conjuntamente mediante consorcios con empresa nacionales. Pero todos los procesos, incluido el arbitraje se realizará por un Estado proxy.

Creer que Proinversión, el Ministerio de Economía ó del sector competente pueden convertirse en una especie de PMO nacional no es realista. Tampoco lo es el creer que la competencia de otro Estado está demás y que todo lo planteado se puede hacer con PMO internacionales. Eso sería no haber entendido el legado de Odebrecht que operó gracias a la enorme proclividad a la corrupción, del Estado peruano y de un segmento empresarial adhoc.

El modelo del Estado proxy ya ocurre en el ámbito legal cuando, en casos particulares, nos sometemos al arbitraje de la corte internacional de La Haya y para temas incluso vitales, como la propia soberanía sobre espacios territoriales o la defensa de derechos humanos fundamentales.

Esto es lo mismo, pero para ejecución de proyectos largamente postergados que beneficiarán a todas y cada una de las regiones que actualmente no tienen capacidad ejecutoria. Un nuevo gobierno con apoyo de un nuevo Congreso puede legislar lo requerido para establecer las reglas de relación con los Estados proxy, con los que se contratará este modelo de desarrollo.

Mientras dure ese proceso, el Estado peruano entrará en un largo proceso de reforma, de definición de flujos de trabajo (workflow), de adecuación a un nuevo conjunto de reglas y procedimientos, pero sobre todo, en una capacitación extensiva.

El modelo del Estado proxy es una oportunidad para el país, para lograr en un periodo de gobierno un avance significativo y cerrar la enorme brecha de infraestructura, mientras el Estado peruano se reforma, se adecúa y se capacita para trabajar en el desarrollo y el bienestar de la nación.