El patrimonio cultural es un insumo del desarrollo

A propósito de una orden judicial que dispone demoler un Hotel

José Antonio Olivares

Gestionar y diseñar políticas sobre patrimonio no es neo liberal, su sesgo va más allá de la ubicación ideológica, y solo trasunta una posibilidad económica, la misma que ideológicamente también, permite arrebatarle al neo liberalismo el tema de su propia agenda, al descubrir que las posibles privatizaciones e intervenciones del sector privado en la gestión del patrimonio tienen virtudes objetivas , si es que estas, son analizadas desde el ángulo del sentido común y la lógica de la acción pública; de esta forma el tema tabú de las políticas de protección del patrimonio dejaran de ser tan escandalosas.

Autores como Pau Rausell y Julio Montagut llaman la atención sobre la conflictiva singularidad del patrimonio como bien económico –»un magma conceptualmente impreciso y potencialmente infinito y por tanto imposible de acotar»– que hace que esta inversión casi inexistente sea quizá el fruto de una mala planificación, sí, pero también una «tendencia estructural» a la que mueve su misma naturaleza. Pensadores como Pau Rausell y Julio Montagut (expertos de la Universidad de Valencia, en economía aplicada a la cultura) dicen; «A pesar de que somos capaces de racionalizar el origen del valor de los bienes patrimoniales, nos resulta absolutamente imposible determinar un baremo inequívoco que sea capaz de jerarquizar ni tan sólo ordinalmente, el valor de los bienes patrimoniales», explican.

No me cabe ninguna duda de que es posible articular procesos de desarrollo local basados en la valorización de elementos patrimoniales. Los bienes patrimoniales por tanto, han de devenir en un conjunto de bienes al servicio de las colectividades en las que se asientan y para ello es necesario relajar algunos de los principios filosóficos sobre los que se fundamenta la legislación relativa a la preservación del patrimonio. Y la percepción ideologizada del mismo. Hemos de reconocer que los bienes patrimoniales (es decir sus contenidos materiales, simbólicos y sus usos) son un recurso que nos pertenece como fruto de un proceso de construcción social y sobre los que tenemos el derecho de conservarlos, pero también de reinventarlos, recrearlos e incluso llegado el caso, en procesos democráticos y participativos, de amortizarlos. Todo ello concuerda con los nuevos paradigmas de desarrollo local y rural propuestos ya desde hace más de un lustro por la OCDE (rganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico): promoviendo la diversificación productiva, impulsando la cooperación interterritorial, redefiniendo los modelos de gobernanza y basando la sostenibilidad de los modelos locales en el aprovechamiento de los recursos propios.

Es de esperar en el futuro inmediato un menor protagonismo público en el ámbito de la gestión del patrimonio. Se acaba un modelo tradicional de gestión del patrimonio financiado por el sector público y basado en uso museístico de los recursos patrimoniales, por lo que es previsible, por una parte, la extensión de las demandas de nuevos modelos de participación ciudadana, y de manera paralela, una mayor presencia relativa del capital privado.

Para afrontar estos nuevos retos se requiere una mayor democratización de la definición de patrimonio. Se acaba también el modelo de definición del desarrollo local basados en el patrimonio supuestamente técnico/político y obliga a nuevos modelos de gobernanza. Y finalmente se requiere una regulación sensata. resultado de una compleja relación entre los individuos, las apreciaciones de los expertos, la visibilidad social y simbólica de los bienes en cuestión y de muchos otros factores ya que en definitiva nos permite tomar posiciones sobre decisiones que afectan al andamiaje de nuestra cosmología simbólica.

Ante este problema, reseñan Rausell y Montagut, «uno de los objetivos de la preservación del patrimonio debe consistir en incrementar la movilización de recursos privados –sean estos de organizaciones con o sin ánimo de lucro– destinados a la preservación tanto de bienes de titularidad pública como privada», con el objetivo no solo de conservar el bien, sino también de fomentar sus efectos económicos en la sociedad, entre otros, «el crecimiento económico y el desarrollo del territorio en que se ubica» y la generación de «riqueza y ocupación». Es decir, que el patrimonio rente también socialmente. Pero la inversión privada que así proponen, en cambio, podría no querer encontrar en el patrimonio, un negocio poco rentable mientras la regulación, según Rausell y Montagut, siga siendo tan conservacionista. «Es evidente que las interpretaciones más o menos rigurosas o conservacionistas extremas sobre los usos de los bienes patrimoniales tienen efectos claros sobre la disponibilidad de los agentes privados a tratar de obtener beneficios de mercado en su explotación», precisan.»El concepto de preservación ha ido evolucionando a lo largo de los últimos siglos hasta dotarse de un sentido muy conservacionista –quizás heredado de las estrategias de protección del patrimonio natural–, en el sentido de que parece que los bienes patrimoniales son bienes intocables y que cualquier falseamiento de su autenticidad histórica no resulta aceptable».

Por esta razón se hace urgente que se piense expresamente en «la necesidad de que en entornos democráticos informados hay que reducir el sesgo extremadamente conservacionista de la filosofía que orienta las políticas de protección del patrimonio para otorgar a los ciudadanos, en entornos de elevada gobernanza, la capacidad de decidir cómo construyen su entramado simbólico y la flexibilidad para dotar a los bienes patrimoniales de elevado valor añadido económico y social».

Otra «alternativa a la intervención pública directa a través de la propiedad pública del patrimonio y de su gestión», como proponen Rausell y Montagut, es la privatización de la gestión, que además de resultar más efectiva que la gestión pública presenta, dicen, «la ventaja de obligar a las estructuras de la gestión pública del patrimonio a plantearse, con cierta disciplina, cuáles son los objetivos de la gestión». El control social sobre la definición del patrimonio y sobre las posibilidades de uso, y no la titularidad, son los atributos que determinan la dimensión ideológica de la preservación del patrimonio. Sobre estos temas deberíamos discutir con mayor amplitud. Una vía, «que sin duda podría tener efectos renovadores sobre los propios modelos de gestión del patrimonio».