Crítica de la razón criminal

Policías montan guardia fuera del Congreso después de que el presidente Martin Vizcarra cerró el legislativo en Lima. 1 de octubre de 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo
Ramiro F. Prialé

Asistimos el 30 de Setiembre al último capítulo de una farsa democrática. El final largamente esperado por todo el Perú: el cierre del Congreso, la salida definitiva de congresistas para quienes la Constitución ha sido desde su instalación el 2016, el código de la criollada.

La popularidad de la medida de disolución del Congreso invocando el art. 134 de la Constitución, se verá nítida en las próximas encuestas nacionales. Será la medida también de la inmensa orfandad de los congresistas fujiapristas en las calles. Han vivido durante tres años una realidad paralela. Una en la que el bien público, la opinión del pueblo y su bienestar, son secundarios. Opcionales. Prescindibles.

Parece que pensaron que los votos del pueblo en las elecciones generales eran un cheque en blanco para hacer y deshacer, blindar corruptos probados, proteger requisitoriados por el Poder Judicial y obstruir la justicia.  

Los excongresistas ahora acusan al presidente de dictador. Dicen que vivimos una dictadura como la de Alberto Fujimori el año 92 fecha en la que disolvió al Congreso sin mediar cuestión de confianza alguna. Sacó los tanques a la calle, intervino los medios de prensa y televisión, el poder judicial, el tribunal de garantías Constitucionales, la Contraloría, el Ministerio Público, apresó opositores y toda la prensa internacional calificó el acto como Golpe de Estado.

El presidente Martín Viscarra ha disuelto el Congreso de acuerdo a la Constitución y todo lo demás opera exactamente igual que hace décadas. Es más, la Comisión Permanente en funciones está en manos de la oposición.

Se trataría de un dictador sui generis, que planteó adelanto de elecciones y dejar el poder; propuesta que fue desechada por la congresista Bartra luego de 54 días de mecedora.

EFE de Bogotá Colombia, El Mercurio de Chile, BBC News en su portal web, CNN Español, Clarín, Infobae y La Nación de Argentina, El País de España, The Economist y docenas de diarios y medios internacionales cubrieron la noticia de disolución del Congreso peruano destacando que ninguno de los medios internacionales calificó la medida anunciada por Martín Vizcarra como un «golpe de Estado» y todos resaltaron su constitucionalidad.

Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado de respaldo y hasta la Confiep ha iniciado un realineamiento con la realidad. El secretario general de la OEA felicitó la designación del canciller Meza-Cuadra. Por donde se mire, el principio de realidad es uno. El Perú tendrá un nuevo congreso elegido en elecciones nacionales, dentro de 4 meses.

Pedro Olaechea tendrá que digerir lo que ha ocurrido por la vía constitucional, podrá discrepar y gritar, pero ha sido gestor, conductor y principal responsable de todo lo ocurrido desde el momento en el que le cerró las puertas al Premier Del Solar.

Disolver un Congreso no puede ser nunca grato para la Democracia. Esto no es una victoria de Martín Vizcarra. Es la derrota de un Congreso vergonzante, que hizo de la defensa prioritaria de la criminalidad, de la omisión de pruebas flagrantes, de la interferencia grosera con el caso Lava Jato y los Cuellos Blancos, una bandera de uso exclusivo.

 

Y las evidencias saltan ahora nítidas luego del último interrogatorio a Barata. Los más recientes «codinomes» están vinculados a prominentes congresistas, todos principales abanderados de petardear la lucha anticorrupción y destruir el acuerdo de colaboración con Odebrecht. 

Todos dedicados a engañar al país y encontrar mañas retóricas para defender complicidades inconfesables, con el propósito de evitar la cárcel. Hemos asistido pacientes y por años a toda una argumentación de razones criminales con disfraz político.

Como bien dice Alberto Vergara en su reciente artículo «En público son congresistas y en privado ‘codinomes’ …y nuestra real ágora es un audio. Y el mejor analista político, un penalista».

Si tenemos que apelar a tanto penalista; algo no ha estado bien en nuestra democracia. Si un juez ha sido blindado por el Congreso para terminar prófugo, un congresistas es pedido por la ley para purgar prisión y es blindado por sus pares para terminar también prófugo; si un ex-Fiscal de la Nación con 6 acusaciones constitucionales es protegido reiteradamente por la mayoría de un Congreso, ignorando audios y videos flagrantes; si un parlamento cree que puede intentar regular a los medios, cambiar las atribuciones constitucionales de la confianza vía reglamento, amenazar encuestadoras, elevar los requisitos para la inscripción de nuevos partidos y esperan que el pueblo los aplauda, y la calle no opine; algo anda mal no en la democracia sino en la cabeza de los líderes que controlan el poder legislativo.

Qué clase de país creen que han estado gobernando. Dónde creen qué han estado sentados. Desde qué seguridad de inmunidad e impunidad creen que podían seguir manipulando y mangoneando a su antojo las leyes y el orden constitucional del Perú.