Frente al golpe de estado

Sergio Tapia

Los golpes de estado, y las revoluciones subversivas, no son precipitaciones imprevistas. Son consecuencias de una planeación política y de una intensa tarea propagandística. Que toma su tiempo, y deja un sinnúmero de indicios que los anuncian.

El 30 de setiembre del 2019, se consumó el golpe de estado propiciado por el presidente Ing. Martín Vizcarra.

La equivocada decisión presidencial, era esperada. No fue ningún arte de advino que, en esta columna el 13 de setiembre, sostuviera que: “La segunda quincena del presente mes, puede ser un “Setiembre Negro” para la República Peruana, por las luctuosas consecuencias que puede haber contra la soberanía del Parlamento, la distribución de poderes republicano y las libertades políticas ciudadanas. Luego, vendrá Octubre, que es el mes de los temblores, terremotos y golpes de estado”.

No estamos ante el supuesto de la disolución del Congreso que goza de legalidad constitucional. El presidente de la república que tenemos no ejerció la potestad en consonancia con la doctrina que legitima las medidas extraordinarias. La decisión de Martín Vizcarra no satisfizo las prescripciones y preceptos de la ley. Todo esto torna ilegítimo el mandato presidencial que detenta Martín Vizcarra, a partir de la azarosa mañana del 30 de setiembre.

Se han precipitado ciertos hechos, que agravan la situación, porque acumulan problemas morales, constitucionales y jurídicos. Los que causan laberinto, del que emerge un nudo gordiano de complicada solución.

Algunos de esos hechos son:

El Pleno del Congreso, en la noche del 30 de setiembre, decidió suspender a Martín Vizcarra del cargo presidencial, por 12 meses. Acto seguido, designó a la segunda vicepresidenta de la república, Mercedes Araoz, como presidente de la República.

Araoz es también congresista, pero al no participar en dicho Pleno del Congreso, su ausencia trajo como consecuencia negar la acumulación de su voto, que era de particular importancia, porque habría servido para alcanzar los 87 votos requeridos para declarar la vacancia presidencial. Araoz no quiso hacerlo, sus razones tuvo. Lo que produjo desencadenantes y consecuencias que han favorecido a la estabilización del golpe de estado.

Finalmente, Araoz, antes de cumplir 24 horas de su aceptación de asumir la presidencia de la república, renunció a la designación. Fue sorpresa para tirios y troyanos.

Pero, además, el presidente del Congreso no asumió la Presidencia de la República, como disponen los preceptos constitucionales. Y, aún no lo hace. Lo que fortalece la posición del presidente suspendido. A lo que se adiciona el impedimento forzado por la policía para que nadie ingrese al recinto parlamentario, durante la primera semana del golpe. Y, durante la segunda semana, por impedimento del propio personal permanente del Congreso (¿Inexplicable aporía¡).

La batalla jurídica continúa para los espíritus fuertes. Hay legitimidad para la resistencia ciudadana. Se debe procurar que el decreto presidencial que cierra el Congreso, revoca el mandato de los congresistas electos en el 2016 y convoca a elecciones parlamentarias para enero del 2020, sea expulsado del ordenamiento jurídico.

Los remedios son las acciones de amparo de los propios congresistas afectados, para reclamar su derecho fundamental de haber sido elegidos. También de los ciudadanos, exigiendo el respeto a su derecho fundamental de elegir a los congresistas que eligió para el período 2016-2021. Entre otras acciones, está la competencial que se presentó ayer ante el Tribunal Constitucional, aunque la idoneidad ética y la compostura ideológica de algunos de sus miembros sea muy cuestionada.

Cerrar el Congreso fue un acto ilegítimo, inconstitucional e ilegal, e innecesario, del suspendido presidente Martín Vizcarra. Es un capítulo de nuestra historia político-jurídica y moral, que aún falta escribir.

Mientras tanto, la lucha por los nobles principios se sigue realizando. Como lo testimonia en esta semana el IV Congreso Internacional “Familia, protagonista del cambio social”, en la ciudad de Chiclayo. Espacio académico en el que expertos peruanos reunidos con tratadistas provenientes de Argentina, Chile y Colombia, han aportado con prudencia, lucidez y autoridad intelectual, para poner remedios al ataque inmisericorde contra la sociedad familiar, que se sufre por inspiración del marxismo gramsciano, el relativismo y la complicidad del liberalismo ideológico.

Hay conexión de los ataques a la familia en el Perú, con el gobierno del Ing. Vizcarra, quien a los seis meses de asumir el cargo presidencial, abusó del uso de las facultades legislativas delegadas, para derogar la ley de promoción de la familia, con el propósito de reemplazarla por un decreto legislativo de mamarracho, que introduce la ideología de género.

Consecuentemente, por la forma y por el fondo, el gobierno de Vizcarra es sumamente peligroso, para la estabilidad política, jurídica, económica, social y moral de la Sociedad Peruana.