Desbloqueo del corredor

Jorge Morelli

La decisión de Martín Vizcarra de ordenar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas despejar el bloqueo de la carretera por donde sale la producción de Las Bambas al puerto de Matarani se produjo luego de un mes de bloqueo y en el último momento, cuando la minera de la que depende parte importante de los ingresos fiscales del Perú anunció que se hallaba a punto de detener sus operaciones por falta de insumos y de declarar “fuerza mayor” para el incumplimiento de sus contratos.

La decisión política plagada de riesgos es emblemática en la saga del conflicto entre quienes tienen la concesión de los recursos naturales y quienes tienen el control de la superficie en todo el Perú.

La afirmación de la autoridad del Estado en el territorio es algo que se espera desde hace mucho y que ha sido reclamado por largo tiempo desde los sectores empresariales. El bloqueo ha sido una bandera roja para la inversión en el país y no solo en la minería.  

Y hay que decir, igualmente, que el desbloqueo se ha realizado sin enfrentamientos de consideración y al menor costo en materia de uso de la fuerza, con la Policía abriendo campo y el Ejército consolidando las áreas despejadas.

Lo que está por definirse ahora si en lo inmediato la medida es viable en el tiempo. No se puede mantener una carretera vigilada por el Ejército por plazo indefinido. En otras palabras, no basta el desbloqueo. No es sino el primer paso de lo que debe ser una política pública para resolver el conflicto en un nuevo marco.

Ese marco solo puede ser el libre contrato entre las partes partes teniendo como referencia precios que no pueden ser determinados por ninguna de las partes ni por el Estado. Solo el mercado puede proporcionar las coordenadas que permiten orientar las decisiones de inversión.

El Estado debe rodear ese libre contrato de cuatro garantías. Primero, que la inversión incluirá la puesta en valor de la tierra de la superficie y su periferia mediante la siembra de agua y de bosque. Segundo, que exista propiedad real tanto de la tierra como de los recursos bajo de ella. Propiedad, no un estado perpetuo de posesión informal sin seguridad jurídica. Tercero, participación justa y equitativa de los peruanos en general y de la población  local en la renta que produce la explotación del recurso natural del subsuelo. Y, finalmente, la garantía de una consulta previa en los términos del Convenio 169 de la OIT.

El proceso social irá llevando de manera natural -a su propio paso, sin vehemencia prematura, sin premura y sin violencia- del régimen comunal de la tierra –una institución andina consagrada en la Constitución, más compleja y sofisticada de lo que el Estado y la empresa imaginan- a la consolidación de la propiedad privada e individual de la tierra. Porque solo la propiedad hace posible la seguridad jurídica que protege el libre contrato entre partes iguales.

Lo que no sabemos aún es si la decisión de Martín Vizcarra de desbloquear ese corredor minero es un acto aislado sobre el que pronto se cerrará la ventana de la oportunidad, o si su gobierno es capaz de la decisión política de asumir ese proceso y llevarlo adelante. Pero lo sabremos pronto no por sus dichos, sino por sus actos.