Suena a represalia

Ántero
Flores-Aráoz

Como ha sido ampliamente divulgado por los medios de prensa, el Presidente del Congreso y de su Comisión Permanente, ha formulado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional a fin de establecer, entre otros temas, si se puede plantear cuestión de confianza respecto a proyectos de reforma constitucional y también para definir si ella puede ser invocada para suspender procesos parlamentarios que corresponden en exclusividad al Congreso.

La respuesta del Poder Ejecutivo, que más suena a represalia, es disponer que el Procurador denuncie al Presidente del Congreso ante el Ministerio Público, por haber usurpado funciones pues el Congreso fue disuelto.

No voy a pronunciarme en esta columna sobre la pretendida disolución del Congreso, no solo porque lo he tratado en varias oportunidades, sino por la prevalencia de la realidad.  Estamos ante situación de facto golpista, aunque en proceso de solución mediante las próximas elecciones parlamentarias convocadas.

Sin embargo, conviene tratar sobre la acción competencial interpuesta por el Presidente del Legislativo ante el TC, quien debe “conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley”.  Tanto la Ley Orgánica del TC como el Código Procesal Constitucional autorizan la acción competencial ante conflicto entre los poderes del Estado y, de estar involucrado el Congreso, lo representa su Presidente.

Lo cierto es que el titular del Congreso no ha usurpado funciones, pues cuando el Congreso se disuelve por decisión del Presidente de la República. “se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta” (art. 134 de la Constitución). Tal Comisión la preside el Presidente del Congreso y la integran los vice presidentes y los parlamentarios elegidos por el pleno para ello (art. 42 del Reglamento del Congreso, con fuerza de ley).

Como vemos no hay ninguna usurpación de funciones, pero si daría la impresión de represalia por ello, ejercida por el Poder Ejecutivo, con una denuncia de carácter penal, que no tiene pies ni cabeza.

Lo más sorprendente es que el Presidente de la República, mientras el Presidente del Legislativo no había presentado la demanda competencial ante el TC, decía a los cuatro vientos y con altos decibeles que respetaría los pronunciamientos del TC.  Ahora que la demanda competencial ya fue presentada, da marcha atrás y además de la amenaza, la hace efectiva con la denuncia penal contra el Presidente del Congreso.

En la práctica, en el supuesto negado de tener razón el Presidente de la República y no tener legitimidad para actuar ante el TC el Presidente del Congreso, estaríamos ante una situación de hecho de lo más irregular, esto es que mientras está disuelto el Congreso no podría presentar contienda de competencia pese a seguir en funciones su Comisión Permanente. Esto último equivaldría a una situación de indefensión que va contra las reglas constitucionales y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

De suyo, se nota el ADN confrontacional y belicoso de quién ejerce cuestionablemente la presidencia del país, pese a estar llamado a buscar la unión de los peruanos.

* Publicado en Expreso, reproducido con autorización del autor