Perú 2021 – I

Ramiro F. Prialé

Planteamos un enfoque de cambio radical para el 2021. La premisa básica es que el contrato social en el Perú por el cual renunciamos a una serie de libertades para someternos a las reglas de la sociedad y reconocemos la existencia de una autoridad, de normas morales y de unas leyes a las que nos sometemos voluntariamente, ha devenido en una modalidad de estafa. El Estado que es la contraparte ejecutora del contrato social, que se sostiene con nuestros impuestos, no cumple su parte del acuerdo.

No tenemos un Estado proveedor de bienestar común, sino de malestar. Su propio ordenamiento ha derivado en la gesta de un sistema de justicia corroído por la clase política y por la perversión de partidos infiltrados por organizaciones criminales que buscan asaltar el erario nacional  o tomar el poder del Estado como cadalso de libertades o botín de venganza.

El Estado inepto se expresa también en los 22,320 millones de soles promedio devueltos anualmente. Esa es una magnitud de la incapacidad ejecutora de gobiernos regionales y locales. La distancia que nos separa de un Estado de bienestar no pasa por elevar el porcentaje de inversión para ubicarnos a la par de ejemplos europeos, americanos o asiáticos que cuentan con Estados eficientes.

No tenemos capacidad ejecutora. No importa que se eleve el monto de inversión al doble. Las regiones no tienen las capacidades para ejecutar ni lo que reciben actualmente. La corrupción juega un rol central en la falta de ejecución de obras que no prosperan sin “pagos bajo la mesa” La ausencia de capacidades instaladas es también parte sustantiva de la ecuación.

Por ello planteamos que hay que dejar de insistir en repetir procesos a través de un Estado de 1.6 millones de burócratas que carecen de roles y flujos de trabajo definidos, con tareas repetitivas y sellos de control que no verifican nada; que son parte de un largo peaje burocrático hacia la improductividad y postergación de proyectos básicos largamente esperados por la nación. Hace décadas que cada nuevo gobierno cambia de líder e insiste en transitar por el mismo Estado improductivo, con la expectativa de que algo cambie.

Nuestro planteamiento es legislar el outsourcing de Estado. Planteamos que la tercerización de servicios de PMOs internacionales para la generación de proyectos y la propia concesión del proyecto se tercericen gracias a un nuevo marco legal que permita al Estado peruano delegar la evaluación y concesión, remunerada, a uno de cinco Estados rotativos con el mayor índice de transparencia y honestidad del planeta (Noruega, Finlandia, Dinamarca entre otros).

Los proyectos serán cogestionados y concesionados desde un Estado proxy bajo reglas que incluyan la participación de empresas locales y la transferencia de conocimiento y capacidades en particular al aparato del Estado peruano. La burocracia nacional ingresará en paralelo a un largo proceso de capacitación y definición de flujos funcionales y de trabajo.   

Habrá críticas al modelo pero lo que tenemos hoy es un Estado muy comprometido con la corrupción. Para que presidentes, ministros, viceministros y altos funcionarios públicos hayan podido aprobar sobrevaluaciones groseras y adendas jugosas, todo el proceso tuvo que pasar necesariamente por una Contraloría que no funcionó, un sistema de arbitrajes comprado, un Proinversión que convalidó técnicamente propuestas que luego fueron infladas 5 o más veces su valor original y que no dijo nada. El aparato del Estado ayudó al pillaje por acción u omisión.

¿Debemos entonces insistir en utilizar las mismas vías institucionales y confiar en que el aparato del Estado haga su trabajo, con la expectativa que esta vez sí se logrará un resultado diferente?

Los recientes Juegos Panamericanos son un ejemplo de lo que puede lograrse con este modelo.  De adoptarse el Estado Proxy como modelo de desarrollo podremos ver resultados notables en un mandato de cinco años. Y lo más importante. Habremos externalizado el problema de la corrupción. Las regiones y gobiernos locales tendrán capacidad de ejecutar obras largamente esperadas y en zonas como el sur del Perú se recuperará la confianza en la democracia.

Esperamos que el próximo Congreso sirva para consolidar las reformas políticas y del sistema de justicia que son sin duda importantes, pero que puedan también legislar  y sentar las bases para un modelo de desarrollo que pueda convertirnos en un fenómeno de trascendencia global.

Un verdadero milagro peruano.

El contrato social como génesis de la autoridad política y del orden social volverá entonces a tener pleno sentido, gracias a un Estado libre de cuestionamientos.