La segunda república. Un llamado a la insurgencia de las clases medias

Hernán Garrido Lecca

Las inconstitucionales decisiones del Presidente Vizcarra nos han llevado a una situación en la que quienes no pudieron capturar el gobierno ni por las armas ni por las urnas, pretenden ahora cambiar el régimen económico que ha permitido la emergencia, por primera vez en nuestra vida republicana, de una verdadera clase media (a diferencia de una “clase en el medio”, que es lo que tuvimos antes). Para ello, no hace falta una Asamblea Constituyente sino dos legislaturas ordinarias (o una y un referéndum) que bien podrían darse en el periodo legislativo 2020-21. Con un Congreso con una regular y experimentada bancada de inspiración chavista y un más amplio grupo de social-confusos neófitos en el oficio de la política (el morado es mezcla de rojo y azul, ¿no?), un escenario de enmiendas constitucionales podría ser muy factible. Para provocar el desmoronamiento del régimen económico actual bastaría con derogar, total o parcialmente, unos cuantos artículos-candado, como el Art. 60 sobre la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado o la combinación de los Art. 63 y 64 sobre la igualdad de trato para la inversión extranjera, el libre comercio y la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Sin una adecuada y yo diría, proporcional representación de los intereses de las clases medias en el próximo Congreso, el siempre bien financiado chavismo podría hacer de las suyas. El que tenga oídos que escuche: la definición de la naturaleza económica de la Segunda República, por esos siempre insospechados avatares de la historia, tendrá lugar en el siguiente Congreso y no en las elecciones generales del 2021. Ahora bien, sería un grave error no aprovechar ese mismo escenario para corregir deficiencias de desarrollo constitucional que nos han llevado precisamente a esta situación. Me refiero, por ejemplo, al Art. 61 que sanciona que el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas y que ninguna ley puede autorizar ni establecer monopolios. Más aún, en el segundo párrafo del mencionado artículo dice explícitamente que “los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”. Nótese, primero, que no estoy proponiendo enmiendas sino leyes de desarrollo constitucional que precisen los alcances del Art. 61 para su efectivo cumplimiento. La Ley Del Castillo sobre control previo de fusiones y adquisiciones (aprobada contra el lobby de todos los oligopolios) es un claro ejemplo de lo que sugiero en esta línea. Segundo, nótese que si se cumpliese con el espíritu de tan solo este artículo, se estaría atacando, por un lado, buena parte de las causas del malestar ciudadano en Chile y, también, en nuestro país: oligopolio y consecuentes precios altos en la distribución de medicamentos; abuso de posición de dominio y asimetría de información de bancos, AFP y empresas de servicios públicos; entre otros. Por otro lado, si se cumpliese con el espíritu de este artículo, el oligopolio mediático existente en el Perú, que ha sido absolutamente instrumental para llevarnos a la actual encrucijada, tendría que ser disuelto (como en su momento, por ejemplo, hizo el nada marxista Ronald Reagan con AT&T). Así las cosas, el próximo Congreso es una amenaza para las clases medias y los logros alcanzados en los últimos 25 años, pero es, también, una oportunidad para sentar las bases para la Segunda República: una República en la que, parafraseando al senador Sherman de los EE.UU., no haya ni dictadores en lo político ni dictadores en lo económico. A la democracia norteamericana le tomó 114 años pasar, con el Acta Sherman de 1890, de una democracia estrictamente política a una democracia política y económica (aunque con insoslayables injusticias sociales hasta los 60). Nosotros tenemos ahora la oportunidad de fundar una Segunda República con democracia económica. Este es un llamado a la insurgencia de las emergentes clases medias para defender el fruto de su esfuerzo y un régimen económico de libre competencia que permitió a más de la mitad de los peruanos salir de la pobreza en los últimos 25 años. No se trata de votar por el mal menor. Se trata de participar directamente. De organizarse y apoyar a quienes defenderán lo que tanto nos costó conseguir y profundizar en el camino que permitirá a todos los peruanos salir de la pobreza.