La democracia es cara, ineficiente y ¿corrupta?

Federico Prieto Celi

Según la secretaría de descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, la descentralización en el Perú, en enero de 2017, era un reto por cumplir, dada que la desigualdad de recursos dentro del territorio no es solo una percepción de la ciudadanía sino una lamentable realidad. El mayor progreso está concentrado en pocas zonas si se mide la brecha entre las regiones con mayor y menor desarrollo, indica por su parte la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Según esta fuente, la capital y tres regiones importantes concentran la mitad del acceso al presupuesto público. Solo en cinco regiones se concentra la mayor cantidad de habitantes con educación superior y solo ocho regiones tienen más del 50% de vías terrestres asfaltadas. La paralización provocada por la corrupción de obras de infraestructura en los dos últimos años ha desalentado todavía más a los habitantes que están en regiones que no tienen suficientes carreteras en buen estado y que sufren constantes accidentes con muertos y heridos.

Este desaliento se reflejaba ya desde hace un lustro, en la última medida tomada en la opinión pública, ya que solo 21% de peruanos indicó que era un proceso positivo. El 79% restante se dividía entre el impacto negativo, el impacto nulo y la desinformación. Ello, a pesar de la creación de las regiones con más o menos autonomía, figura gubernativa que solamente tienen ocho de los 35 miembros de la OCDE. Ahora el desaliento debe ser mayor.

Hemos avanzado en descentralización política pero nos hemos quedado atrasados en la modernización de nuestras 195 provincias y 1,854 distritos. Las regiones son responsables del 40% del gasto público. Bien sabemos, lamentablemente, que en los diez primeros meses de 2019 solo se ha invertido  el 46.4% del presupuesto nacional. Es decir, mucha burocracia y poca eficiencia.

Ya en 1990, en la conferencia habida en Buenos Aires, patrocinada por PNUD, UNESCO, CLACSO sobre un nuevo orden estatal en América Latina, la séptima tesis de veinte, afirmaba que la descentralización territorial, municipal y regional era un campo de conflicto en gestación que evidencia las diferentes tenciones e incertidumbres de las políticas y los procesos de modernización del Estado y de democratización

En ese marco vemos cómo el Estado peruano dispone devolver a la empresa Odebrecht 524 millones de soles, por el sobrante en la venta de la hidroeléctrica de Chaclla (Huánuco) a un consorcio estatal chino, manejada antes por esa empresa brasileña. El Ministerio Público, la Procuraduría y la empresa Odebrecht están de acuerdo con la ejecución de este reembolso. Haría falta una explicación precisa a los 32 millones de peruanos de por qué el Estado honra un acuerdo con el colaborador eficaz, mientras que ese colaborador eficaz ha demostrado con creces que deshonra su compromiso sin escrúpulos ni sanciones.