El abuso de la prisión, con la carreta por delante

Sergio Tapia

El uso y abuso, por fiscales y jueces, de imponer prisión preventiva a personas que no se han escapado del país, ni tampoco han intentado hacerlo; que han asistido a cuanta citación fiscal se les ha convocado, y que no están amotinándose para obstruir la investigación, es una política estatal inmisericorde, contra la justicia y el orden racional.

Llama la atención, además, la forma discriminatoria de su aplicación, que ha quedado patente en el reciente caso de los abogados árbitros, contra quienes al parecer no hay fundamento incriminatorio de parte de la fuente de la colaboración, como son los funcionarios de Odebrecht. Es más, hasta el ejecutivo de la firma Barata, encargado de podrir la ética de los funcionarios públicos, desmintió haberse dispuesto pagos para tales árbitros. Pero ellos ya están padeciendo prisión hace varios días.

La prisión preventiva, es una fuente de arbitrariedades para la persecución abusiva por pretextos personales de los magistrados fiscales y/o jueces, por razón delictiva a causa de bajos intereses, y por motivo de la enemistad y la competencia política. Por eso es que la prisión preventiva es absolutamente inconstitucional.

En el segundo artículo constitucional se enumeran los derechos que se reconocen a las personas. En el numeral 24, de ese artículo segundo, se explicitan los ocho conceptos que involucra la preservación del derecho a la libertad. En el literal “e)” se consigna este apodíctico concepto: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Este derecho constitucional reconocido a las personas, se desarrolla como el Segundo Principio del derecho procesal penal, precisando que todo imputado de un delito debe ser considerado inocente “y debe ser tratado como tal”, hasta que “se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada”. ¿No es una contradicción de nuestro sistema jurídico, permitir que se pueda ordenar la prisión preventiva de los inocentes, no sentenciados?

Decíamos que la prisión preventiva es enteramente inconstitucional, porque contraría los 22 fundamentos que en la Constitución se establecen como Principios que deben ser respetados por la función de juzgar que se ejerce en nombre del Estado; en especial los principios 3, 10 y 21: Debido proceso, no ser penado sin proceso judicial y derecho de ocupar establecimientos penitenciarios adecuados. Todo esto es violentado por la prisión preventiva.

En vísperas de cumplir (sin ánimo de celebrarlo) el bicentenario de la República, es evidente que estamos involucionando hacia estadios de barbarie, que niegan conquistas de civilización, y que hoy se desestiman por el relativismo imperante, la ignorancia jactanciosa y el odio inmisericorde que envenena a tantos.