Flores-Aráoz
Se ha dicho y escrito mucho sobre los golpes de Estado, inicialmente cruentos y después con desplazamientos militares, que si bien no necesariamente violentos, su sola presencia en calles era un elemento disuasivo hacia los ciudadanos opositores al rompimiento del régimen constitucional y democrático.
Con el devenir de los tiempos, los golpes han dejado de ser necesariamente cruentos y militares y, son muchísimo más sofisticados. Frecuentemente son realizados por los propios gobernantes en el poder, para lo que fueron elegidos legítimamente, pero al quererse perpetuar en los cargos y tener concentrado el poder, utilizaron todo tipo de maquillaje y simulación constitucional y legal, que en realidad son artimañas para esconder los propósitos golpistas. Algunas veces también se recurre a la práctica inmoral de desacreditar a los opositores sin distingo alguno para que la decisión golpista sea aplaudida o por lo menos aceptada por la ciudadanía, la que se sentirá satisfecha con llamado a elecciones en que, por la publicidad gubernamental y su presencia mediática, evidentemente tendrán ventajas inequitativas y con resultados predecibles.
Lo cierto es que el mundo y la vida dan muchas vueltas y llegará el momento en que los golpistas recibirán, además del repudio ciudadano cuando abra los ojos, los largos brazos de la Justicia, pudiendo ser denunciados, procesados, condenados y hasta pasibles de penas privativas de libertad, como ya ha sucedido en otras oportunidades, pues como dice antiguo aforismo, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. La perpetración de golpes de Estado está considerada como delito, y así quieran llamarlos con benevolencia “interrupción del régimen democrático o constitucional”, evidentemente se trata de lo mismo.
Debemos precisar que hay golpes totales, como cuando se despoja del poder legítimo que ostentan los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero también hay golpes parciales como cuando ilegítimamente se expulsa de la presidencia a quien fue elegido democráticamente para ello, o cuando se disuelve sin causa constitucional al Congreso o se despide a las altas esferas jurisdiccionales.
Cuando el golpe de Estado se comete desde el Ejecutivo y por el Presidente de la República, los ministros o miembros del gabinete ministerial, no están exentos de responsabilidad penal, salvo que renuncien y como ya la Historia nos lo ha advertido. Baste recordar el famoso 05 de abril de 1992 en que tanto los ministros que secundaron a Alberto Fujimori en su inconstitucional decisión, como a los militares que le dieron el apoyo de las armas, con olvido que tenían que defender el orden constitucional, terminaron muchos de ellos, procesados, juzgados y condenados.
Cabe destacar que en la oportunidad a la que nos hemos referido en el párrafo anterior, quien era Presidente del Consejo de Ministros Alfonso De Los Heros Pérez Albela, así como el entonces Ministro de Agricultura Gustavo Gonzáles Prieto, en gesto democrático expresaron su rechazo al pronunciamiento político y militar en cuestión, renunciando valientemente a sus cargos, por lo que no les alcanzó responsabilidad alguna por el golpe, antes bien recibirán el espacio que les corresponde en la Historia.
Recordemos que la Historia enseña y ella nos ha mostrado que el apoyo ciudadano mayoritario al golpe de Alberto Fujimori no fue eterno y, con el correr del tiempo fue reduciéndose significativamente hasta convertirse en rechazo. ¿Lo entenderán nuestros actuales gobernantes?
Publicado en Diario UNO, reproducido con autorización del autor