El presidente preso

Javier González-Olaechea

Es prerrogativa constitucional exclusiva y excluyente del presidente dirigir la política exterior. Lo asiste el ministro de Relaciones Exteriores ejecutando sus directivas.

El 30 de septiembre nos dejó factura muy cara. El Perú, desde los inicios de la república, sentó sus fueros en las relaciones internacionales. Son innumerables las propuestas y acciones peruanas que, con conocimiento y brillo, bregaron en favor de la paz internacional y del desarrollo de las causas más justas.

En medio de los fastos nuestro centenario republicano, el Perú se hizo presente en las Negociaciones de Paz en París cuyo objeto era poner fin a la primera guerra mundial. Muy lejos de la contienda, el Perú fue uno de los 29 países que firmó el Tratado de Versalles, acuerdo con el que se pretendió sellar una paz que pronto, en dos décadas, naufragó.

El presidente Vizcarra está preso porque no puede viajar al exterior y ejercer la diplomacia presidencial, novedad efectiva en la actualidad. No se ausenta a pesar que hay una vicepresidente, y cuya función debe ser rentada. La ausencia del presidente en citas importantísimas nos perjudica. En julio del 2021 contaremos con nuevo presidente y vice presidentes. Esperar tanto es un despropósito.

Es obligación del ing. Vizcarra buscar un acercamiento serio y decoroso con la señora Aráoz para que él pueda viajar y encargarle el despacho presidencial, acorde con la constitución.  No hacerlo, pone en condición de minusvalía internacional al Perú hasta el 2021. No hay otra salida constitucional. El poder ejecutivo sostiene, con razón, que es el próximo congreso el facultado para aceptar la renuncia de la señora Aráoz, pero eso prolongaría cierto aislamiento internacional.

Al respecto, no caben más “interpretaciones auténticas o fácticas”.  Ante este imprevisto y daño, bien podrían plantear conjuntamente el gobierno y la Comisión Permanente del Congreso, una cuestión competencial urgente al Tribunal Constitucional para que interprete sistémicamente la constitución y resuelva facultar a la segunda a autorizar los viajes del presidente. Sin controversia, el TC podría pronunciarse en pocos días y llenar ese vacío constitucional.

Se dice que el ingeniero Vizcarra que tiene temor a viajar, pues que no lo tenga. Nadie en su sano juicio puede abrigar un golpe al presidente. No convalido el 30 de septiembre y descarto la posibilidad de un regreso al 29 de septiembre por mandato del TC. Quiérase o no, se impusieron los hechos consumados, más allá que la justicia pueda demorar y averiguar sobre circunstancias y hechos no conocidos respecto a la disolución del congreso.

¿Qué pasa si el presidente se enferma en el exterior, ¿el vicepresidente se encarga sólo de los saludos protocolares y de firmar asuntos menores?, claro que no. La política es más compleja, ágil y volátil que la normativa y por ello, ésta debe reajustarse. Las urgencias y las necesidades de Estado no pueden esperar. El vicepresidente encargado debe actuar por el bien de la Nación simple y llanamente. Es de recta razón.

Con anemia económica y  huelgas mineras que se prolongan y propalan, el presidente debería estar muy activo en los foros internacionales más favorables al Perú. Omitir esta realidad, empequeñece al obligado y perjudica al país.

Finalmente, al presidente puede disgustarle (y viceversa) la vicepresidente, pero su obligación es ponerse por encima de sus gustos o disgustos. El no hacerlo nos causa daño y evidencia que no puede diferenciar y anteponer sus obligaciones respecto a sus preferencias personales. El no hacerlo da señas de que actúa pensando como vicepresidente y ello, es inaceptable simple y llanamente.