¿Lobby estás? (Parte VII de Crónicas de un odiador)

Uri Ben Schmuel

La campaña que pretende desprestigiar a la Iglesia Católica, liderada localmente por Pedro Salinas, conducida a otro nivel al involucrar a dignatarios de carrera de la Iglesia Católica en Perú (como el obispo de Piura y Tumbes), deja en claro que nada proviene de la casualidad, de la improvisación, ni menos de la buena voluntad o buena fe de quienes han denunciado una política institucional de abusos sexuales, sometimientos psicológicos y una supuesta labor de adoctrinamiento esclavista, más conocido como “lavado de cerebro”.

Es cierto que los personajes más visibles y públicos que lideran esta campaña son apenas eso, ídolos de barro con buena facha, facilidad de palabra y conexiones mediáticas. Pero detrás de ellos hay influencias y presupuestos foráneos que dejan entrever el tamaño de un plan, centrado inicialmente en desacreditar la naturaleza de las organizaciones religiosas.  Incluso en la narrativa y en el marketeo argumentativo que emplean sus agentes, puede adivinarse este propósito.

Pedro Salinas ha sabido armar su red de alianzas para llevar adelante una cruzada que, sin agentes ni recursos, a falta de argumentos objetivos, se hubiera desplomado a la primera como un castillo de naipes. Y esto salta a la vista cuando, en un análisis un poco más profundo de los argumentos esbozados por Salinas y su socia Ugaz, se descubre que se sustentan muchos de ellos en percepciones y relecturas de experiencias personales, algunas relatadas 30 años después de vivirlas. No se han presentado pruebas, evidencias ni elementos de convicción típicos, como audios, videos, pruebas documentales o instrumentos procesales de índole similar.

Esto obedecería a que, para poder avanzar en su estrategia con réditos y éxitos relativos, han tenido que recurrir a dos ámbitos de acción claramente marcados: lobby en los tribunales y el incesante impacto mediático para poder explotar el efecto emocional, sobre todo en la televisión. Y para que tengan efectividad, necesitan de amigos con cierto poder en estos ámbitos.

En este capítulo revisaremos el vínculo de Salinas con el ex Fiscal de la Nación.

Un fiscal amigo

La campaña anticlerical de Pedro Salinas no hubiese podido avanzar si es que no hubiera establecido alianzas y pedido apoyo de sus “amigos”, vinculados sobre todo al Ministerio Público. Es importante valorar que, como ya dijimos, su “investigación” central estuvo sustentada en gran parte en testimonios novelados y con pseudónimos. Esta, además, constituyó prácticamente la única prueba para la primera denuncia del Caso Sodalicio que luego de ser archivada fue reabierta por algunos artilugios legales.

Sin duda, un actor clave en esta historia es el ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, directamente vinculado con Salinas, quien lo convocó para que organizara un desayuno de prensa para hablarle a los periodistas sobre la denuncia constitucional que le había entablado la congresista Yeni Vilcatoma. La empresa encargada de organizar el desayuno fue Chirinos, Salinas & Asociados uno de cuyos socios principales es ni más ni menos que Pedro Salinas. Cabe resaltar que el Fiscal Sánchez ya había adelantado opinión sobre el libro de Salinas aun antes de su publicación y que era prueba en la denuncia del Caso Sodalicio.[1] Tampoco es dato menor que dicha empresa habría presionado dentro del Ministerio Público para la reapertura del caso.

En todo este entramado, es impresionante la influencia de este grupo insular dentro de la esfera jurisdiccional. Precisamente, debido a la resolución de archivamiento del Caso Sodalicio, la magistrada a cargo del caso, María del Pilar Peralta Ramírez, fue suspendida en sus funciones y sometida a exhaustiva investigación, presuntamente por “no haber investigado BIEN los hechos durante la investigación preliminar”, y “no haber motivado su decisión”. Ello, a pesar de haberla expedido en estricta aplicación de su facultad discrecional, debido a que, al igual que en los jueces del PJ y los congresistas de la República, no está sujeta a mandato imperativo, de acuerdo con la Constitución Política vigente. Por tanto, sus resoluciones son impelidas por su criterio de conciencia, lo que entraña tanto una recta evaluación de los acontecimientos cuanto una dosis apropiada de subjetividad, como es natural en todo proceso humano. Está igualmente claro que en la reapertura del proceso se impuso a un fiscal ad hoc a los intereses de los denunciantes —el Dr. Frank Almanza— con el consiguiente y “natural” desenlace de los acontecimientos, ya conocido.

Para operar de esta manera se necesita poder. Tal capacidad de influir en las decisiones jurisdiccionales es la evidencia central, primero, de que no existe colusión ni alianza alguna de la Iglesia o sus instituciones con autoridades que pudieran “encubrir” o hacerse de la vista gorda frente a dicho escándalo; segundo, de que el influjo y la presión constante y financiada de este grupo interesado en la destrucción de la asociación apostólica es real y visible. Y tercero, como veremos un poco más adelante, que dicho colectivo privado gobierna un afinado entendimiento de las claves, trucos y mañas manipuladoras para manejar los hilos en los medios.

[1] Para ampliar este tema, es interesante el artículo publicado por el portal Político.pe titulado “Qué bello es vivir”.