Lo jurídico no debe ser político y lo político no debe ser jurídico. Serenidad y respeto a los procedimientos, sólo así habrá justicia. Es tiempo de que los odios no sean quienes hagan danzar nuestros demonios, el país requiere madures y responsabilidad de sus instituciones y de sus ciudadanos y mejor y más trabajo serio de su ministerio público. Un juicio justo y que respete plazos y garantías es la única forma de determinar culpas o exculpar a los imputados. La prisión preventiva se ha convertido en una medida plebiscitaria. El Tribunal Constitucional libero a los Humala, hoy lo hace con Keiko. Esto sólo merece un análisis jurídico procesal. Todo lo demás sobra y es pasto de pasiones.
El estado de derecho tiene la finalidad de regular el ejercicio del poder, lastimosamente en nuestro estado el poder se ve muchas veces solo reflejado, con lo que a penas alcanzamos la categoría de ser un estado de legalidad y muy discutiblemente. Este tipo de circunstancias agrava nuestra crisis institucional, y lo que es peor, le ha abierto una válvula peligrosa a la opinión plebiscitaria de las masas, las cuales en muchos casos, como lo menciono antes, solo está encendida de pasiones y ha puesto entre los peruanos barrotes de odio que ha hecho prisionera nuestra razón y cordura. La calle no está capacitada para opinar, y hasta definir sobre temas legales y jurisdiccionales latamente complejos, que en muchos casos se han convertido en medios de venganza o efectivos frenos en la lucha política aplicados en exceso contra ciertos opositores. En este caso la voz del pueblo, en ningún sentido podrá ser la voz de dios, es la voz de la masa enfervorecida, encanallada muchas veces, lejos de la razón, tizada por odios y fanatismos. Todo eso resulta sobrando.
Es momento de dar paso a la sensatez y a la cordura, no puede ser que si no coincides con una opinión o tienes una simpatía diferente, seas inmediatamente catalogado como de la mafia, corrupto, apro-fujimorista , en algún caso, o de terruco, vándalo asesino, odiador en alguno otro. Sin duda, es muy malo judicializar la política; como politizar a la justicia. El hecho de que los políticos recurran a la justicia por cualquier asunto, sin un tratamiento en los ámbitos de los poderes ejecutivos o legislativos, que son por lógica independientes del Judicial, habla a las claras de la falta de condiciones de los actores políticos para cumplir la tarea para la cual fueron elegidos. Ahora pues, los políticos y las encuestas han disuelto un parlamento, que era el llamado a ser el fiel de la balanza en estos desencuentros, ahora se empieza a notar que la medicina fue peor que enfermedad.
Uno de los fenómenos más notables en estos 30 años de democracia fue la creciente judicialización de la política. Esto es, las decisiones centrales de un sistema democrático son tomadas por el poder judicial. Los tribunales y sus sentencias, audiencias públicas, indagatorias y posibles procesamientos se han vuelto, de una forma u otra, en parte vital del espacio político y, en ciertas especiales ocasiones, su epicentro. Hoy lo constatamos con la decisión del tribunal Constitucional que libera a la Sra. Fujimori.
Un gran ejemplo de esto fue ya la Sentencia del mismo Tribunal Constitucional, sobre la liberación de Humala y Heredia,(liberación que no representa absolución, como en el caso de keiko). Con toda la relevancia que se le concedió, las instancias judiciales previas y la propia Corte Suprema fueron actores decisivos, en un juego político lleno de tensiones y al mismo tiempo fundamental para nuestro Estado de Derecho.
Hay dos caras recurrentes a la judicialización de la política. Por un lado, la reacción crítica desde “la política” al poder de los jueces. Es cierto, el poder judicial no está ni institucional ni democráticamente legitimado para dar muchas de las respuestas definitivas a las que es enfrentado, incluso más allá de su buena voluntad. Lo mismo sucede con la Instancia máxima constitucional. Sin embargo, por otro lado, tenemos un aspecto que suele olvidarse: La judicialización es una reacción al silencio de la política partidaria. Tantas veces, la judicialización es la contracara de la inacción y la pasividad política. Del descrédito de los partidos y su anomia republicana.
El protagonismo de los jueces no es producto únicamente de la propia iniciativa judicial, impulsada por actores sociales, operadores jurídicos o abogados resonantes, sino resultado de la inacción de los demás poderes ejecutivos y legislativos. Los Temas ambientales, el aborto no punible, la transparencia y el derecho a la información, y claro la falta de transparencia y corrupción terminan en tribunales por la ausencia de respuestas políticas concretas.
La negación, inacción o violación de los poderes políticos, legislativos y ejecutivos, abren la puerta al protagonismo judicial. Producto del temor a asumir un costo mediático, la inercia legislativa o la simple indiferencia institucional, los poderes políticos producen delegaciones de la decisión, desde la arena política al expediente judicial.
Judicializar la política es una decisión política. A veces directa o indirecta, de un sector o de todos los actores políticos, pero siempre es una decisión que parte de la propia política.
En ese contexto de jueces en el centro de la atención pública y de la exposición mediática, uno de los aspectos inevitables de la “judicialización de la política” es su efecto boomerang: La “politización del poder judicial y de la justicia”.
Por último, la judicialización de la política tiene como aspecto positivo que el conflicto político con alta tensión recibe en el canal judicial un proceso más racional y metódico, producto del lenguaje del derecho. Discutir todo conflicto en términos legales debería enfriar la pasión de la política y permite así una racionalización de los conflictos, especialmente en temas polarizados.
Así mismo, también hay aspectos negativos en la judicialización. El lenguaje del derecho suele requerir traductores. Por ende, cuando un problema político entra en una Corte de Derecho se suele generar una barrera de lenguaje con la sociedad, al mismo tiempo que se pierde en legitimidad, publicidad y responsabilidad de las decisiones que se toman.
Más allá de los puntos fuertes y débiles de la judicialización de la política es innegable que, en todas sus formas, es un fenómeno de nuestra cultura política e institucional que llegó para profundizarse.