El TC se lava la cara… por ahora

Federico Prieto Celi

El Tribunal Constitucional, con la sentencia que libra a Keiko Fujimori de la cárcel, anulando la orden de prisión preventiva, no solamente pone las cosas en su sitio en lo que respecta a ese caso judicial sino que lava con las justas su propia cara como intérprete máximo del texto constitucional. Además del carácter político que necesariamente teñía este caso, digan lo que digan los miembros del TC, había un elemento más: la huelga de hambre de Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, quien ha justificado su actitud en razón del pedido de sus hijas de hacer algo por la mamá.

Dañado esencialmente por su silencio cómplice ante el irresponsable cierre del Congreso sin sólido respaldo constitucional, la decisión que comento evita al TC cargar con otra ignominia, gracias a que el magistrado Carlos Ramos, ordinariamente proclive a la tendencia partidaria del actual gobierno de facto, formada por Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma. se inclinó esta vez hacia la justicia, encarnada por Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero.

El antecedente tristemente célebre de un ruido político del TC se remonta a la destitución de Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo Marsano y Guillermo Rey Terry, en un escenario de crisis tan grande como el que vivimos ahora con el misterioso gobierno de presidente Martín Vizcarra. La historia del TC, iniciada en Arequipa con el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales y traído a Lima con su nombre actual, tiene sin embargo demorado enfrentar un reto muy importante: renovar a sus miembros.

La negativa de aceptar el nombramiento del magistrado Gonzalo Ortiz de Zevallos, hecha en artículo mortis por el Congreso desintegrado por un úkase de Martín Vizcarra, quedó en el aire hasta calendas griegas a causa de que no haya sido publicado en el diario oficial El Peruano, una formalidad imposible a causa del choque frontal entre los poderes legislativo y ejecutivo, en el que ganó por la fuerza el gobierno y perdió de facto el parlamento. Ello, a pesar de un oficio del presidente de la Comisión Permanente del Congreso Pedro Olaechea al TC con la resolución legislativa para el trámite del nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del máximo órgano constitucional. Ello, a pesar también de que el interesado, Gonzalo Ortiz de Zevallos, solicitó día y hora para su juramento como nuevo magistrado.

Todos sabemos que seis de los siete miembros actuales del TC tienen de sobra el tiempo vencido del mandato que los aupó en el cargo. Les ha gustado mucho su ejercicio, por lo visto, porque siendo los legítimos intérpretes de la Constitución no encuentran una salida digna. Al contrario, dan a diestra y siniestra argumentos procesales para demorar el nombramiento de sus sucesores lo más posible. Debemos reconocer que las autoridades de los poderes del estado miraron a otra parte cuando se debió nombrar a los nuevos magistrados, porque en este tiempo las papas no quemaban por ese lado.

De lo que se trata, en el fondo, es que el TC tiene nos partidos encontrados, uno con cuatro votos y otro con tres, independientemente de las razones jurídicas para dictaminar correctamente los casos. En la sentencia de Keiko Fujimori los bandos cambiaron de mayoría, con las justas, pero al parecer, a partir de ahora volverán a las cifras anteriores.