Juego de tronos (VIII Parte de Crónicas de un odiador)

Uri Ben Schmuel

En la entrega anterior constatamos cómo Pedro Salinas no actúa solo. Para lograr sustentar sus acusaciones cuenta con un entramado de aliados que le permiten avanzar. Ya mencionamos su relación con el ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Ahora veremos algunos otros tentáculos que operan en paralelo, pero con la misma intención: tratar de debilitar a la Iglesia Católica.

En este juego de tronos cruzado, la influencia financiera y mediática de un conglomerado corporativo, vestido de individualidades amaestradas, fue evidente dentro de los poderes públicos. En paralelo, se armó un tinglado similar en los pasillos del Parlamento, donde se instaló la “Comisión Especial Investigadora de abusos sexuales contra menores de edad en organizaciones”, presidida por el ahora excongresista Alberto de Belaúnde.

El informe presentado por así llamada “Comisión Sodalicio” ha quedado en suspenso luego de la anticonstitucional disolución del Congreso. Cabe recordar tres puntos importantes sobre la conformación de esta comisión:

  1. Su constitución debió ser declarada nula desde el momento en que quien solicitó su creación fuera quien luego la presidiera. Esto es: Alberto de Belaúnde. Algo que está claramente estipulado en el reglamento del Congreso y que a nadie pareció importar. Una muestra más de la metodológica forma de proceder de ciertos grupos que piensan que las leyes, que tanto defienden en ciertos foros, a ellos no se les aplican.
  2. Que el congresista de Belaúnde reiteradas veces ya había adelantado opinión sobre el Caso Sodalicio antes de la conformación de la Comisión, por lo que no se podía esperar ningún tipo de objetividad de su parte.
  3. El criterio de elección de los casos a tratar. Quedó claro, luego de revisar el informe final, que se dejaron de lados decenas de graves casos de abusos tanto en otras asociaciones religiosas como en instituciones de la sociedad civil que claramente no eran del interés personal ni del congresista ni de sus amigos.

Pero cuidado en tergiversar la posición de esclarecimiento que tratamos de presentar en estas entregas. De ninguna manera vale oponerse, entorpecer u obstaculizar la labor válida, legítima y necesaria de las autoridades y de los particulares que obran de buena fe para que estas denuncias se investiguen y se señalen a los miembros de cualquier institución que hayan incurrido en delitos, de forma personal e inconfundible (recordemos que, por definición, las responsabilidades penales son siempre individuales y no corporativas). Eso es una cosa. Otra muy diferente —reiteramos y enfatizamos— es aprovechar episodios dolorosos, para disparar con artillería pesada hacia la entraña misma de la Iglesia. Y para ello, se ha venido utilizando como punta de lanza el Caso Sodalicio.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar otra alianza de la que Pedro Salinas sacó un importante provecho para la promoción de su investigación. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué hace la periodista Paola Ugaz, conspicua militante y activista de izquierda, como escudera de Pedro Salinas en sus aventuras exploratorias sobre el Sodalicio?  Para responder a esta pregunta no podemos obviar la existencia de una suerte de “red”. Una argolla de amigos que, como dijimos, tienen influencia y poder en círculos relevantes para sacar adelante la causa de Salinas.

De hecho, no es poca cosa el vínculo de Paola Ugaz con su exjefa en la Municipalidad de Lima, Susana Villarán, fundadora de IDL, la ONG cuyo director es el mentor e ídolo de Ugaz, como ella ha repetido innumerables veces. Hoy Villarán está en prisión preventiva, acusada de haber recibido presuntas recibió coimas de Odebrecht, y los analistas han llamado la atención respecto del papel de Ugaz en todo este entuerto, que revela la verdadera entraña moral de algunos activistas. No hay que olvidar que Ugaz, además de pertenecer al IDL, recibió 10,500 soles mensuales por administrar las redes sociales durante el periodo municipal de Villarán. Además, hasta el día de hoy nadie ha explicado sus viajes a Panamá siendo funcionario público en actividades.

En este caso, el doble rasero se pone de manifiesto de manera de vulgar. Porque, en la línea de las pruebas y el subjetivismo que mencionamos líneas arriba, se hace extrañar alguna manifestación de Pedro Salinas respecto de las oscuras implicaciones que se ciernen sobre su socia Paola Ugaz. Salinas no le ha prestado ninguna atención a estos temas y no porque carezcan de importancia. Ugaz es su socia, y juntos han llevado adelante varios proyectos. Salinas no puede permanecer en silencio al respecto sin seguir minando su credibilidad.

Finalmente, en esta red de “amigos justicieros” hay un abogado, Carlos Rivera Paz, quien fue el defensor de Pedro Salinas en la querella que le interpuso Monseñor Eguren. Rivera Paz, conocido por su defensa a los terroristas, es representante legal y directivo del IDL. Además, ha representado legalmente a Susana Villarán durante el periodo en el que fue alcaldesa de Lima facturando alrededor de 160 mil soles.

En la siguiente entrega analizaremos a un último integrante de esta red que es el que genera mayores cuestionamientos: una cadena árabe de noticias y un documental difamador.