Las mentiras, la cobardía, los compromisos

Ramiro F. Prialé

Sin ética no hay futuro. Cuando capitanes empresariales optan por asegurar «su mercado» contratando cifras millonarias con políticos corruptos de manera que trabajen para ellos y no para el país, contribuyen a su propia desgracia.

Ayudar a romper el pacto social, a destruir la institucionalidad, a convertir el modelo de libre mercado en una farsa, a sustituir la libre competencia comprando la primacía por un precio, grafica a un sector del empresariado que no sólo ha perdido la brújula ética y moral.

Los convierte en un empresariado apátrida. Extraño a la nación; capaz de construir riqueza para si, torciendo reglas y cambiando leyes aunque el Estado, los mercados y el pueblo peruano se perjudiquen.

Puede un empresario con dos dedos de frente creer que ese método y forma de hacer política es sostenible, ¿qué beneficia al país y a las propias empresas?

Ya no estamos en la era en la que la prensa escrita «interpretaba» la realidad nacional y definía la opinión pública. Estamos en una era de redes sociales transversales. Todos tiene acceso directo, piensan solos y sacan sus propias conclusiones. Y cuando un país logra consenso, es inapelable. Hace historia.

Una banda de forajidos de la política nos ha estado sangrando por décadas, empoderados con millones bajo la mesa, distribuidos en loncheras, tamales, maletines, sobres o bolsas negras.

Dinero que al comprar políticos ha convertido el ejercicio democrático de votar, una real farsa.

Un sector del empresariado nacional le acaba de decir al país «voten por quien quieran, igual trabaja para mí». Y si la democracia es una farsa, entonces el libre mercado es un cuento, ambos nacidos de la misma percepción torcida: el Estado de Derecho es solo para los privilegiados que pueden pagar el precio.

No hay dinero suficiente para cambiar la percepción del 90% de la población que han anclado la esperanza de nuestro país en la lucha anticorrupción y los fiscales que la lideran, equipo sin cuyo valor y entrega no se hubiera podido destapar la putrefacción de la toda la red de corrupción y relaciones de conveniencia, tejidas entre el poder político y el económico.

Una nueva clase política y empresarial debe asumir el manejo responsable de la economía y la cosa pública ad portas del 2021. Una clase empresarial que asuma la responsabilidad social corporativa como compromiso estatutario, fundacional, con sanciones reales y severas ante la transgresión.

Y que entienda que no puede sostenerse el ejercicio democrático, el Estado de Derecho y la propia formalización empresarial sin institucionalidad.