El 25 de noviembre de 1981 la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. En sus considerandos la Asamblea declaraba su preocupación “…por las manifestaciones de intolerancia y por la existencia de discriminación en las esferas de la religión o las convicciones que aún se advierten en algunos lugares del mundo.”, resaltando la necesidad de promover la comprensión, tolerancia y respeto en las cuestiones relacionadas con la libertad de religión, alentando a los Estados a que adopten las medidas necesarias para la eliminación de dicha intolerancia y para prevenir la discriminación.
Hace unos días se han cumplido 38 años y el panorama global refleja una realidad que no se condice con el gran objetivo de la Declaración de eliminar la intolerancia y fortalecer la libertad religiosa. En la actualidad millones de cristianos sufren de alguna discriminación o son víctimas de violencia, a mano de miembros de otras religiones o bajo regímenes totalitarios. Ron Boyd-MacMillan (ONG Puertas Abiertas Internacional), afirma que existen cuatro fuentes de persecución: el extremismo islámico, el comunismo, el nacionalismo y la intolerancia secular. El índice de persecución religiosa ha venido incrementándose con relación a años anteriores. Entre los países catalogados como los más peligrosos para un creyente se encuentran Corea del Norte, Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Pakistán y varias decenas más.
La intolerancia fundada en la religión comprende actos vejatorios que dañan la dignidad de las personas, como aquellos que impiden el acceso al trabajo o a la educación, o los que no permiten que se pueda expresar la fe en público, o los ataques a los lugares de culto, o que menores de edad por su pertenencia a una confesión cristiana sean violados o vendidos, o la matanza de cristianos que no aceptan cambiar de fe etc.
Ante esta situación que afecta los derechos fundamentales de millones de personas, es lamentable que exista una insignificante o ninguna, manifestación de repudio de parte de los gobernantes de Occidente y también lo es la actitud indiferente de la población de este lado del mundo. Es necesario pues, una toma de conciencia sobre la gravedad de lo que sucede y es imperioso solidarizarse de manera concreta con estos hermanos que vienen siendo dañados.
En América Latina, salvo un par de excepciones, podría decirse que hay respeto a la libertad religiosa y que existen avances en ese sentido. Concretamente en el Perú, se promulgó hace unos años la ley de libertad religiosa como norma de desarrollo constitucional, la que cuenta con un reglamento. Pero lamentablemente ello no es tan exacto. El respeto al derecho de libertad religiosa queda a veces reducido a la apariencia. Lo real es que estamos experimentando sutiles formas de persecución religiosa. Sería largo enumerarlas, pero una de ellas proviene de lo que se denomina la intolerancia secular, que enarbola la bandera laicista y busca que el ejercicio de la libertad religiosa se entienda como un privilegio que debe ejercitarse solo en lo privado, cuando es un derecho que también puede ejercitarse en el ámbito público.
En los países de este continente, se hace común que autoridades, líderes de opinión, activistas y periodistas difundan que las personas que profesan abiertamente una fe son una especie de ciudadanos de segunda clase, sin derecho a alzar su voz sobre temas de interés común o que le afectan directamente. Se ven acciones destinadas a que las personas no puedan ser objetores de conciencia sobre temas que son esenciales para su vida. Que se retiren o dañen símbolos religiosos de lugares públicos, no importando que sean también expresión de nuestra propia identidad, etc.
Ante este panorama es evidente que los encomiables propósitos de la Declaración de las Naciones Unidas de 1981, siguen plenamente vigentes y es un imperativo que los Estados a través de sus distintos poderes, así como los ciudadanos, pongan en práctica el articulado del mismo. Lo que está en juego es preservar la plena vigencia de todos los derechos humanos, y el de libertad religiosa que es uno de ellos, debe estar incluido en este esfuerzo por respetar la dignidad de la persona humana.