“¡Me vale madre…!” (Parte XI de Crónicas de un odiador)

Uri Ben Schmuel

Todo periodista conoce que su labor de informar profesionalmente se rige por tres “reglas de oro”. En primer lugar, la libertad de expresión y de opinión no es un derecho irrestricto. En su desarrollo jurídico, jurisprudencial y doctrinario, tanto a escala nacional como internacional, su ejercicio ha sido regulado adecuadamente para que no se produzca un abuso de este derecho y, así, no se propalen falsedades revestidas de verosimilitud y se dañe el honor de las personas a través de cualquier medio de difusión. En segundo lugar, al igual que toda persona debe ser consciente de sus dichos y actos, los profesionales de la prensa saben que son responsables de lo que escriben y difunden, por lo que están obligados a asumir las consecuencias de sus aciertos y errores, y a rectificarse cuando corresponda. Finalmente, la tercera regla de oro nos dice que todo periodista profesional sabe que, en su condición de orientador de la opinión pública, su vida personal, profesional y privada, está sujeta a investigación, escrutinio y cuestionamiento por el público, sea a través de medios de comunicación o a través del poder judicial –cuando corresponda–, para así probar la consistencia de sus investigaciones y si existe coherencia entre lo que proclama y su desempeño cotidiano como ser humano.

Para un periodista, pues, ser cuestionado por una investigación que ha realizado, y por las conclusiones y opiniones que de ella se derivan, es una oportunidad de mucho valor. El escrutinio al que será sometido servirá para probar su seriedad profesional, para validar la veracidad y exactitud de sus fuentes y de la información difundida, y para examinar la coherencia que existe entre la orientación que quiere dar a la opinión pública y su talante como ser humano.

Para Pedro Salinas, y hay que decir que también para su colaboradora Paola Ugaz, la experiencia parece ser totalmente distinta. Todo cuestionamiento de su labor periodística es recibido como una afrenta, una ofensa, un insulto. Cualquiera que ose poner bajo escrutinio su trabajo será etiquetado como parte de un ataque orquestado para interferir en sus trabajos de investigación. El siguiente paso es la victimización, bajo cuyo paraguas se ampara cualquier tipo de accionar periodístico, por más reñido que esté con la ética de la profesión.

Esta realidad se verifica claramente en la investigación que llevaron a cabo Salinas y Ugaz sobre el Sodalicio. Pretenden que, más allá de cualquier duda razonable, sus denuncias deben ser tomadas a priori por ciertas. Como si sus reportajes fuesen dogmas y ellos gozasen del don de infalibilidad, no dan respuesta a los reclamos que hacen aquellos que se sienten afectados por sus investigaciones. Y, cuando por tal silencio las protestas son elevadas a la Justicia, para que su credibilidad no sea puesta en tela de juicio por la opinión pública y la Justicia, han optado por calificar el ejercicio regular del derecho a la rectificación como una persecución judicial, detrás de la cual siempre ven al Sodalicio, tildándolos de conspiradores y acosadores. Todo ello sazonado con una cuota de falsedades y epítetos que agravian y nada aportan. Para Salinas y Ugaz no parece existir la posibilidad de que una persona quiera ejercer su derecho a pedir una rectificación pues considera mancillado su honor. Siempre será un títere del Sodalicio que quiere atacarlos.

De todas las denuncias de las que Salinas y Ugaz han sido objeto hasta hoy, hay dos que curiosamente nadie menciona ni comenta. Pedro Salinas y Paola Ugaz han sido denunciados por el abogado Edgardo Palomino Martínez, quién no tiene vinculación alguna con el Sodalicio por cierto, por dos temas de lo más elocuentes para el perfil de los colegas periodistas.

En el caso de Pedro Salinas, se presentó una denuncia vinculada a su empresa CHISAC. A través de esta empresa de relaciones públicas, Salinas realizó para el Estado Peruano una serie de trabajos. Entre ellos se incluye el contrato celebrado con el Ministerio Público para la realización de eventos de prensa para mejorar la imagen del ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Sánchez fue, dicho sea y de paso, el “fiscal amigo” que facilitó la publicidad de investigación novelesca del libro “Mitad monjes, mitad soldados” de autoría de Salinas y Ugaz. Además, están los contratos celebrados por CHISAC con la PCM, MINCETUR y otros ministerios, que supuestamente estarían dirigidos a un “blindaje” del “Caso Chinchero” y que involucraría al Presidente Martín Vizcarra.

Al respecto, el Fiscal Provincial Carlos Juárez Muñoz, mediante Disposición N° 02 de 18 de marzo de 2019, determinó, de una parte, la existencia de indicios que determinaban la presunta comisión del delito de colusión agravada por parte del ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Pedro Salinas sería copartícipe de este ilícito, por lo que se elevaron los actuados en este extremo para que la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, realice las investigaciones pertinentes y formule la acusación correspondiente de ser el caso. Respecto al otro extremo de la denuncia, los contratos que estarían vinculados al “Caso Chinchero”, el Fiscal Provincial ha ordenado sin investigación ni motivación alguna y recurriendo a “tinterilladas”, su archivamiento, lo que mediante Resolución de fecha 5 de agosto de este año ha sido ratificado por el Fiscal Superior Frank Almanza. Como se recuerda, el Fiscal Almanza fue quien reabrió el “Caso Sodalicio” archivado por la Fiscal María del Pilar Peralta.

El caso de Paola Ugaz fue tratado en esta columna bajo el título “Paola Ugaz y su corona judicial”. Allí comentamos que el Fiscal Provincial Puma Quispe, ante la denuncia de Palomino Martínez para que se investigue a Ugaz como funcionaria de la MML durante el período de la corrupta ex alcaldesa Susana Villarán, mediante Providencia N° 270 del 15 de julio de 2019, había dictado “no ha lugar” a dicho pedido, pues el caso ya era materia de investigación por su despacho. Posteriormente se supo que tal decisión, con fecha 30 de septiembre de 2019, fue ratificada por el Fiscal Superior Salvador Mendoza del Equipo Especial Anticorrupción, quién además ordenó archivamiento de la denuncia, valiéndose de ciertas argucias procesales. Lo insólito en este caso es que, ante la solicitud de información que Palomino Martínez formuló a la MML sobre las actividades de Ugaz como Gerente de Comunicaciones de dicha municipalidad y los viajes que ella realizó durante ese período, ésta, mediante Carta N° 3457 de fecha 22 de octubre pasado, informó que “luego de realizada la búsqueda en el archivo, no se ha encontrado el término de referencia del Contrato Administrativo de Servicios [de Ugaz], documento en el cual se detalla las funciones realizadas por tal ex servidora, asimismo no se ubicó la Resolución con o sin goce de haberes, motivo por el cual no se puede dar atención a lo requerido”. Es decir, el archivo de Paola Ugaz se “extravió”. Surge entonces la pregunta: Con relación a Paola Ugaz ¿qué está investigando el Equipo Especial Anticorrupción si es que su expediente personal en la MML está desaparecido? ¿Cuál es la motivación real para declarar “no ha lugar” la denuncia de Palomino Martínez?

Como se puede ver, las denuncias que pesan sobre Salinas y Ugaz están plagadas de irregularidades e inconsistencias por parte incluso de algunos de los fiscales que las han procesado. Por otro lado, se debe destacar al silencio absoluto por parte de su cofradía periodística sobre estos hechos. Nadie dice nada, por más que hay pruebas que ameritarían una investigación seria y un seguimiento de los casos presentados por Palomino Martínez.

En una entrevista del 17 de agosto de 2018, Pedro Salinas, altanera y agresivamente, dijo a su entrevistadora Milagros Leiva, que le “vale madre” que lo investiguen. Debemos entender que también a su colaboradora Paola Ugaz la tienen sin cuidado las investigaciones. ¿Será porque, efectivamente, son personas de proceder impoluto? ¿O, más bien, porque gracias a las redes de contactos que han establecido, y al blindaje de quienes ponen la amistad antes que el periodismo, se consideran intocables?