La Hidra se retuerce

Jorge Morelli

El control constitucional es la manera en que la justicia puede corregir el error del Congreso cuando una ley viola la Constitución. Es el instrumento del poder Judicial para equilibrar el poder del Congreso, parte fundamental del equilibrio de poderes.

Pero se hace en el mundo de dos maneras diferentes. Una es norteamericana y data de principios del siglo XIX. La otra es europea y nace cien años después, a principios del siglo XX.

El control constitucional norteamericano -llamado control “difuso”- se origina en el famoso caso Marbury versus Madison de 1803, que el juez John Marshall resolvió de tal manera que creó el principio del “judicial review” (o revisión judicial de las leyes). Por este medio, la Corte Suprema de EE.UU. decide hasta hoy si es inconstitucional aplicar una ley cualquiera a un caso particular.

El mecanismo europeo -llamado control “concentrado”- es diferente. Lo ejerce un Tribunal Constitucional facultado para declarar inconstitucional parcial o totalmente una ley del Congreso. Tanto el Tribunal como su control “concentrado” fueron una creación de la imaginación de Hans Kelsen, autor de la malhadada Constitución de Weimar de 1919.

Por si acaso, desde luego, en el Perú no podíamos perder la ocasión de tener los dos sistemas vigentes simultáneamente en la Constitución.

Recogiendo el modelo europeo, la Constitución dispone que el Tribunal Constitucional puede enmendarle la plana al poder Legislativo declarando inconstitucional una ley del Congreso.

Pero albergando también el modelo norteamericano, la Constitución dispone que cualquier autoridad jurisdiccional –un juez de cualquier nivel, incluso el propio Tribunal Constitucional-, en ejercicio del control “difuso” puede declarar que una ley del Congreso es inaplicable a un caso particular. Así, cuando el Tribunal Constitucional no alcanzó los votos necesarios para declarar inconstitucional la ley que permitía al presidente ir a la reelección el año 2000, en ejercicio del control “difuso” declaró la ley inaplicable al caso de Alberto Fujimori. Este fue el origen del drama político cuyas consecuencias se extienden hasta hoy.

El lector ya habrá empezado a sacar su conclusión.

La decisión de tener los dos mecanismos vigentes al mismo tiempo en la Constitución es una de las muchas manifestaciones de la Hidra en que se ha convertido el sistema de justicia. La Hidra ha ido multiplicando sus cabezas al despojar a la Corte Suprema de sus funciones, una por una, para crear un Ministerio Público autónomo, un Consejo Nacional de la Magistratura –hoy Junta Nacional de Justicia- igualmente autónomos, y por encinma de todo ello un Tribunal Constitucional autónomo.

Pero todas las cabezas de la Hidra son autónomas y ninguna prevalece sobre las demás. Presenciamos hoy, por ejemplo, un conato de batalla entre el poder Judicial y el Tribunal Constitucional desde que un juez ha incumplido lo resuelto por el Tribunal en un caso particular de prisión preventiva. El Tribunal ha rehuido la batalla por ahora, pero es imposible evitarla.

Es que las cabezas de la Hidra se devoran entre sí. Hace ya años que el Tribunal Constitucional se las arregló para declararse a sí mismo ”supremo intérprete” constitucional, cosa que sin embargo no se halla en ninguna parte de la Constitución. Solo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. O sea, una ley del Congreso. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que una autoridad jurisdiccional –como la Corte Suprema- resuelva en ejercicio del control difuso en un caso cualquiera que la Ley Orgánica que declara “supremo intérprete” al Tribunal es inaplicable en un caso particular?

La Hidra se retuerce.