Al congreso con cariño: Sobre la inseguridad

Hernán Garrido Lecca

Lima es un caos. La inseguridad y el tráfico están destruyendo nuestra calidad de vida. Es más, el tráfico está expropiándonos la vida misma. Un niño que nace hoy en Lima, si nada cambia para bien o para mal, está condenado a pasar algo más de cuatro años de su vida dentro de un vehículo transportándose de un lado a otro de la ciudad. Lima no necesita un Alcalde, necesita un Gobernador. Tenemos que elegir una autoridad que sea capaz de gobernar la ciudad, que destierre de una vez por todas la decidofobia instalada en la burocracia de los gobiernos municipales y el gobierno central. Una autoridad que le recuerde a nuestros 36 congresistas por Lima que fueron elegidos para legislar y resolver nuestros problemas de la vida cotidiana: alguien que les recuerde a los 36 que no están allí para jugar a los senadores y debatir solo sobre los “grandes problemas del país” sino para enfrentar la inseguridad y el tráfico que nos agobia.

En el 2016, el presupuesto combinado de los 43 distritos de Lima Metropolitana excedió los 5.860 millones de soles. ¿Es que no es posible hacer algo con esa plata y los más de 40.000 empleados de los 43 municipios juntos? Créanme, además, que no todo es cuestión de dinero. Ecuador, nuestro vecino de al lado, ha construido respuestas tanto al problema de la inseguridad como al problema del tránsito que demuestran que nuestros problemas no se resuelven más por desidia e ineptitud antes que por falta de recursos.

Ecuador ha creado el ECU911 un sistema integrado de seguridad ciudadana que tiene hasta botones de pánico tanto para el chofer como para el pasajero en todos y cada uno de los taxis que circulan en el país (mientras que nosotros, tan modernos, andamos discutiendo sobre la seguridad de Uber y afines). En realidad, el sistema incluye 55.000 unidades de transporte: 17.000 buses y 38.000 taxis. Cada taxi tiene dos cámaras y un GPS ¿Quieren ver un patrullero de verdad? Vayan a Ecuador y compárenlos con los sacha-patrulleros coreanos (cuya adquisición aun nadie investiga) para que vean la diferencia. El ECU911 puede recibir 120 llamadas de emergencia a la vez e integra a la policía, bomberos, ambulancias y autoridades de tránsito municipales, entre otros. Todos los ciudadanos pueden acceder a información sobre alertas o accidentes a través de redes sociales. No estamos hablando de Singapur o Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de Ecuador, el país de al lado, del que ciertamente tenemos muchísimo que aprender.

La seguridad es un bien público que todos atesoramos en algún recóndito lugar hasta que nos la roban. Afecta a todos: ricos, la clase media y los pobres; empresas grandes y pequeñas; jóvenes y viejos. Es así como el INEI, que ha desarrollado una riquísima base de datos sobre criminalidad en el país, nos ha informado que la tasa de victimización (población de 15 años o más que ha sufrido algún hecho delictivo) fluctúa alrededor de 25 por ciento. Es decir: uno de cada cuatro peruanos ha sido blanco de la delincuencia en los últimos 6 meses registrados.

Quizás una de las verdades más dolorosas que el análisis concienzudo de las cifras del INEI revela es que las pymes son las empresas más afectadas por un asalto o robo. Las estadísticas nos dicen que el 23 por ciento de las pequeñas y microempresas peruanas han sido objeto de un hecho delictivo (versus el 18 por ciento de las empresas grandes y medianas). Eso significa que alrededor de 500.000 peluquerías, pollerías, farmacias, chifas de barrio, cabinas de internet y muchos otros negocios de medio millón de familias peruanas han sido afectados y algunos seguramente destruidos por la inseguridad (versus 3.600 empresas grandes y medianas representadas por el 18 por ciento antes mencionado).  Téngase en cuenta, además, que estas cifras están referidas solo a las 2.1 millones de pymes formales y, en realidad, existen 6.8 millones de pymes más en la informalidad.

Si usted, como hice yo, se da el trabajo de revisar el Censo Nacional Penitenciario 2016 (que también hace el INEI y que también es información pública), encontrará que del total de los algo más de 76.000 internos en penales peruanos a esa fecha, el 18 por ciento utilizó un arma para cometer el crimen por el que purga cárcel; y esto es lo más escalofriante: de esos 15.000 criminales que usaron arma, el 43.5 por ciento tiene entre 15 y 17 años y el 49.5 por ciento entre 18 y 29 años. Solo un 7 por ciento de los presos que usaron arma para cometer un crimen tiene más de 30 años.

Así que esto es lo que podemos esperar si no hacemos nada al respecto: en los próximos años, los crímenes con armas de fuego se harán más frecuentes y lo más probable es que sean cometidos por personas menores de 17 años o, con prácticamente total certeza, por personas menores de 29 años y contra peruanos menores de 29 años. ¿A quién le importa? Hago un llamado a los jóvenes para que exijan a los mayores una solución al problema que se les está dejando.

¿Sabía usted que el 80 por ciento de los actos delictivos se cometen en algo más que 100 de los 1.874 distritos que tiene el Perú? ¿Sabía usted que el INEI tiene un mapa georeferenciado de los crímenes cometidos a nivel de manzana y calle a disposición de las 1.400 comisarías que tenemos en todo el Perú? Tengo que pensar que son pocos los comisarios que usan esos mapas como herramienta de gestión. Vuelvo entonces sobre otra de mis propuestas: démosle una gratificación adicional a todos los policías de aquellas comisarías que reduzcan, de acuerdo a la información del INEI, la criminalidad en el área de su jurisdicción en más de 10 puntos porcentuales entre un año y el siguiente. La información del INEI se actualiza cada dos meses, así que es posible ir evaluando resultados para alcanzar metas.

El arte de gobernar bien requiere una dosis de angustia por los problemas del país; una dosis de indignación por la incapacidad del Estado y la Sociedad para enfrentarlos; una dosis de competencia para valerse de la información existente (como la del INEI) para encontrar soluciones; y una gran dosis de valor para enfrentar las consecuencias de cambiar las cosas en un país en el que lo más sencillo para quien gobierna es siempre la actitud Rayos X: no respire, no se mueva.