Arbitraje de la corrupción

Víctor Quijada

El Perú cuenta con argumentos sólidos y técnicos necesarios para hacer valer su derecho y ganar, en la vía arbitral internacional, la demanda que ha interpuesto la compañía Odebrecht, ante el CIADI, por la resolución del contrato de concesión del proyecto Gasoducto Sur peruano, no tiene una justificación legal y moral.

Hay que recordar que, de los diecisiete arbitrajes planteados por el Estado peruano, catorce los ha ganado. Inclusive el Estado puede alegar como argumento de defensa la cláusula anticorrupción establecida en el contrato como estrategia legal.

El tribunal arbitral del CIADI dispone de autonomía necesaria para determinar la existencia o no de corrupción en el contrato de concesión entre un Estado y una empresa privada. Si lo determinara así, tiene tres opciones: 1.- Rechaza liminarmente la demanda y la declara improcedente; 2.- Se inhibe de pronunciarse sobre el fondo; 3.- Simplemente, se pronuncia sobre el fondo, declarando la nulidad del contrato. Además de que existe jurisprudencia internacional que va en ese sentido.

El tribunal arbitral del CIADI no respaldará el pago de mil 200 millones de dólares y la anulación de la resolución del contrato de concesión, no puede amparar acuerdos que derivan de la corrupción, esta es la doctrina de las manos limpias.

Parece que hubiera un trasfondo político y no podemos ser injustos con el trabajo de la Fiscalía y Procuraduría sobre su papel en la lucha contra la corrupción, porque, de alguna manera, nos está permitiendo saber a los peruanos quiénes son los responsables de los desfalcos mas grandes de la historia peruana.