Empresas rompen los contratos con Cuba

La Habana.– Al menos dos compañías internacionales que participaban en importantes proyectos aeroportuarios y ferroviarios en Cuba han cancelado los contratos por temor a ser sancionadas por Estados Unidos, que en los últimos dos años ha endurecido el embargo a la isla.

Se trata de tres casos específicos: la remodelación de los aeropuertos de la isla, la compra de aviones para la aerolínea estatal Cubana de Aviación, y un proyecto de modernización de talleres ferroviarios.

Aunque no se menciona los nombres de las empresas, los datos apuntan al gigante francés Bouygues, que en 2016 logró una concesión para ampliar el aeropuerto internacional de La Habana.

En agosto del 2016, la prensa estatal reveló que Bouygues y Aeropuertos de París lograron la concesión del Gobierno para ampliar y gestionar, respectivamente, el aeropuerto de La Habana y el cercano aeródromo de San Antonio de los Baños. Desde entonces no volvió a haber noticias del proyecto y aparentemente las obras de reforma nunca comenzaron.

La firma francesa de infraestructura tiene importante presencia en el país caribeño, donde ejecuta obra civil fundamentalmente en el sector hotelero.
Otra compañía europea -tampoco mencionada por su nombre- canceló un contrato de venta de dos aviones que estaban «prácticamente comprados» para vuelos internos.

La aerolínea estatal Cubana de Aviación atraviesa problemas desde hace años: gran parte de su flota está en mal estado o averiada, por lo que ha debido recurrir a contratos de arrendamiento para operar.

Algunos de esos contratos están siendo cancelados o no renovados por miedo al embargo.
El tercero de los casos se refiere a un proyecto para la modernización de los talleres ferroviarios del que se ha retirado otra «importante compañía extranjera» después de dos años de trabajo por la posible aplicación de la Ley Helms-Burton.

Es probable que se trate de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF), con la que la Unión de Ferrocarriles de Cuba anunció en 2018 un «ambicioso proyecto de colaboración» con una inversión de unos 40 millones de euros (46,7 millones de dólares). EFE

Las últimas sanciones de Washington incluyen una disminución (de 25 % a 10 %) del componente estadounidenses que pueden tener los productos que adquiere el país caribeño.