Con relación a la “Exposición de la Política General del Gobierno y la Cuestión de Confianza”, el Art. 130 de la Constitución señala con meridiana claridad:
“Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones el Presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Para el efecto plantea la Cuestión de Confianza. Sin el Congreso no está reunido, el Presidente de la Republica convoca a Legislatura Extraordinaria”
El Gabinete que preside Vicente Zevallos, no ha pasado por ese trámite constitucional, porque ante la renuncia del Premier Salvador Del Solar, por negarse a suscribir la disolución del Congreso el 30 de setiembre del año pasado, ese mismo día el Presidente Vizcarra nombro a su paisano y hombre de confianza Vicente Zevallos, como Primer Ministro.
En consecuencia, el actual Gabinete Ministerial no ha recabado aún la investidura y consecuente confianza de este Congreso elegido el 26 de enero pasado. Por tanto Vicente Zevallos debe de cumplir en su presentación del próximo jueves 28, con lo que dispone el Art. 130 de la Carta Magna.
No puede entonces limitarse como ha dicho “a exponer solo los actos del Poder Ejecutivo (principalmente los Decretos de Urgencia) durante el interregno parlamentario”, previsto en el Art. 135 de la Carta Magna. Él ha sido expresamente convocado por el Congreso de la Republica, para exponer además y sobre todo, la política del gobierno como lo dispone el Art. 130 de la Carta Magna.
En consecuencia, no puede ir al Congreso a exponer lo que le da gana. De no cumplir con lo requerido, Vicente Zevallos debe ser no solo censurado, sino también acusado constitucionalmente, como lo ha adelantado el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade.
El Congreso no debe ni puede aceptar la insolencia de Vicente Zevallos de anunciar públicamente que “la discusión en el Congreso del Art. 130 de la Carta Marga será en otra oportunidad”, luego de haber dicho sibilinamente “que respeta la autonomía y discrecionalidad del Congreso”.
Si el Parlamento acepta esta provocación del Ejecutivo se habrá consumado el segundo atropello de Vizcarra al Congreso de la Republica, después de la prepotente disolución del Congreso anterior, apelando a la inconstitucional figura de la “negación fáctica de la confianza”.
Salvo que el presidente del nuevo Congreso el acciopopulista Manuel Merino de Lama, quiera emular el triste papel de Daniel Salaverry Villa, que presidio el disuelto Congreso entre julio del 2018 y julio del 2019, que prácticamente “se bajó los pantalones”, ante Martín Vizcarra.
En su encuentro sin duda “hicieron clik” el arribismo del desleal y sinuoso político trujillano, con la ambición del también desleal político moqueguano, pues todos sabemos que mientras Salaverry traiciono a Keiko, Vizcarra fue desleal a PPK, según el libro, “Martín Vizcarra: Una historia de traición y deslealtad”, del periodista Martin Rielp.
Llama por ello la atención las opiniones difundidas por algunos medios (esperamos que personal) del Secretario Ejecutivo del denominado Acuerdo Nacional, en el sentido de que “el Congreso debe ser flexible y creativo para no obstaculizar al Ejecutivo”.
Bueno, Max Hernández es psicoanalista y por tanto no puede pedírsele mayor rigurosidad en la interpretación de la Carta Magna, salvo que el Acuerdo Nacional esté planteando que en un “Estado de Derecho” se desconozca “el equilibrio de poderes”, con lo que el AN estaría negando la esencia de su naturaleza.