Hace unos pocos días el Consejo Fiscal, comisión autónoma y técnica del sector público, emitió un informe sobre los escenarios macroeconómicos y sus efectos en las cuentas fiscales a consecuencia del COVID-19, entre sus conclusiones advierte que para el 2020 el PBI del Perú estaría cayendo entre 10,0 y 20,0% en términos reales, el déficit fiscal alcanzaría los dos dígitos y la deuda pública externa se incrementaría entre 8 y 15 puntos porcentuales. Todo esto, en función de los supuestos considerados por este Consejo.
Definitivamente, aunque se trate con los márgenes extremos más optimistas, el escenario que ya estamos enfrentando es altamente complejo y no solo por aquellas estadísticas sino también, y de pronto lo más grave de esta historia, por la evidente debilidad institucional en las entidades rectoras de los sectores productivos y aquellas otras directamente involucradas (en este caso al MEF y últimamente al BCRP).
Tan solo un ejemplo para dar cuerpo a esta breve reflexión. A inicios del mes de abril el gobierno central lanza el Programa Reactiva Perú para promover la reposición de capital de trabajo en las empresas (desde las grandes hasta las micro) y evitar la ruptura en la cadena de pagos, como un mecanismos de protección en este amplio contexto del COVID-19; lo interesante es que se trata de un fondo de garantía que por su modalidad de fondeo y respaldo del gobierno central permite a las entidades financieras colocar los recursos a bajas tasas de interés efectivas anuales (por debajo del 3%). El recurso inicial fue por S/ 30 mil millones y un mes después (mayo) se amplió por igual monto.
Según información del Ministerio de la Producción, al año 2017 se estimaba un total de 3.6 millones de micro y pequeñas empresas (MYPEs), de las cuales 48,4% son informales (es decir no tienen RUC). Tomando en cuenta estas cifras, no deja de sorprender que el Programa Reactiva Perú solo se haya planteado alcanzar la meta de 314 mil MYPEs, es decir apenas el 8.7% del total que se estima operan en el país. Definitivamente un programa del gobierno central totalmente excluyente y ajeno a la íntima realidad empresarial, obviamente resultado de décadas de gestiones débiles e infructuosas de muchos gobiernos que pasaron por aquellos ministerios sin ajustar ni mejorar políticas, estrategias e instrumentos, reflejo de la realidad de un frágil Estado que hoy el COVID-19 se encarga de desnudar. Una evidencia es el resultado del primer tramo de este Programa que no habría llegado ni al 30% de aquella meta, es decir, ni al 3% de las MYPEs (formales e informales).
¿Por qué me preocupan estas cifras?, es simple, aproximadamente el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada labora en las MYPEs y, desde las diversas actividades económicas, aportarían con el 49% al PBI del país; con todo ello, no se tuvo ni se tiene una política pública multisectorial de largo plazo para fortalecer a este sector empresarial.
A pesar de la dimensión de estas cifras sociales, no terminan de establecerse acciones concretas, efectivas y sostenibles en el largo plazo para la formalización y fortalecimiento de estas empresas y menos su consecuencia natural, la inclusión financiera; apenas el 6.7% de las MYPEs formales acceden al financiamiento a través del sistema financiero, como dato adicional estas empresas participaron con el 19.3% del total de los créditos otorgados durante el 2019, del total de empresas del país; este porcentaje se aproxima al 19% de participación que alcanzaron estas empresas en las operaciones de subasta en el BCRP, dentro del Programa Reactiva Perú (Nota Informativa del BCRP al 12 de junio), favoreciendo a 51,440 MYPEs. Este dato, resultado totalmente lejano de nuestra profunda realidad empresarial y propio de la total ignorancia e incapacidad del Estado es risible, pues apenas raspa la estadística de 3.6 millones de MYPEs que tiene nuestro país. Entonces, ¿de qué reactivación estamos hablando?
El COVID-19 no deja de sorprendernos en tanto va desnudando la incapacidad y desconocimiento de la realidad del país por parte del Estado y de sus órganos de gobierno, debilidad que se fue consolidando con el pasar de las décadas y gestiones, ante la apatía, negligencia y omisión de funciones que fueron acumulando el alto costo social que hoy continuamos pagando.
Estos párrafos apenas exponen una fracción de la realidad evidenciada a consecuencia del COVID-19 y que finalmente, aunque resulte paradójico, podría constituirse en el principal aliado para el planteamiento de un nuevo modelo de desarrollo más justo, bajo un nuevo pacto social inclusivo, un nuevo orden para el Estado, con gobernantes y entidades de gobierno que realmente entiendan, lean y comprendan la realidad profunda e intensa de nuestro país y estén en la capacidad de asumir la soberanía para negociar y aliarse, bajo objetivos comunes de desarrollo humano sostenible, con sus pares en Latinoamérica y con los extremos del hemisferio norte y el Asia. No más de lo mismo.
Termino dejando estas preguntas, ¿reactivar para volver a lo mismo, al statu quo?, ¿haciendo más de lo mismo?, ¿con el mismo y hacia el mismo ineficiente y patético Estado responsable de esta tragedia?, ¿acaso no sería un error considerar este proceso de reactivación como un fin en sí mismo cuando la estrategia debiera ser totalmente distinta, articulando estrategias para alcanzar escenarios en el mediano y largo plazo que terminen alejándonos de la trampa de subdesarrollo en la que nos encontramos?; que no nos engañe el efecto rebote del próximo año, será una consecuencia natural de la recesión del presente año y no de la acción del Estado.