Hernando de Soto: “El problema no es la informalidad sino la formalidad”

Hernando de Soto

La OCDE por primera vez lleva el tema de la informalidad al primer lugar de la agenda e invita a Hernando de Soto a exponer en la Cumbre Ministerial Virtual de la OCDE para América Latina.

El siguiente texto contiene extractos del discurso pronunciado por Hernando de Soto desde Lima ante la la Cumbre Ministerial Virtual de la OCDE para América Latina, que por primera vez ha priorizado el tema de la informalidad en el contexto de la pandemia.

Ante la pandemia, “los gobiernos de los países en vías de desarrollo han estado endeudándose masivamente, consumiendo sus reservas y emitiendo bonos contra préstamos con el único respaldo de su capacidad para recaudar impuestos que sus ciudadanos directamente, o indirectamente, terminarán pagando. A corto plazo no tienen otra alternativa que tomar más deuda”, dijo De Soto. “Sin embargo, existe una receta mejor y más duradera que la deuda. El capital real no es el resultado de endeudarse sino de poseer activos y mecanismos para desarrollarlos”, adelantó.

“El capital es el resultado de tener derechos de propiedad no solo sobre los activos sino también sobre el potencial que estos tienen para generar mayor valor, cuando están legalmente documentados por una cadena de certificaciones que, desde títulos de propiedad hasta garantías financieras, proveen la información necesaria y la confianza requerida a todos los niveles de manera que los activos puedan ser negociados en los mercados de capital”, expresó resumiendo la propuesta que viene haciendo al Perú y al mundo.

“Planteo que la economía informal nos permitirá crear más capital basada en los títulos que poseen que todo el dinero que los gobiernos de los países en vías de desarrollo puedan obtener a través del endeudamiento”, aseguró.

“Los informales poseen y controlan una porción significativa de la superficie de la tierra que está justo sobre algunos de los más importantes recursos naturales. Actualmente, ellos están bloqueando US$150 billones en reservas minerales, petrolíferas y gasíferas probadas, valor cinco veces mayor que el PBI combinado de EEUU y China”, dijo. “Para desbloquear ese potencial, debemos entender que la creación del capital es el resultado de una cadena invisible que vincula los documentos existentes de propiedad con los requerimientos de los mercados de capital”, reiteró. “Esto permitiría a los informales negociar en igualdad de condiciones con las empresas extractivas que necesitan instalarse en sus tierras para acceder a las reservas del subsuelo y, en consecuencia, levantar el bloqueo”, aseguró.

“No es necesario emitir nueva legislación. El problema es que los títulos locales no están conectados con las normas que permiten enlazarse a la cadena global”, anotó. Les faltan –dijo- siete documentos para poder ser una garantía ante un banco global. A cambio de esta garantía, el banco ya puede prestar.  Porque ha quedado acreditado que quines controlan la superficie no van a bloquear la extracción del recurso natural.      

SIETE CERTIFICADOS

“Cuando la pandemia del COVID-19 comenzó a arrasar ganancias y ahorros en la economía informal peruana; presenté al Perú un protocolo de creación de capital – en diarios, televisión y redes sociales-para demostrar cómo utilizando las siete certificaciones que les faltan mineros formales e informales el país puede desbloquear $1 billón de capital real que podría generar 70 veces más dinero que lo que el gobierno ha presupuestado para luchar contra el COVID-19. A tres días de su publicación, nuestro plan había sido visto por 7 millones de peruanos, suscrito por un manifiesto firmado por todos los gremios de pequeños propietarios mineros, representantes de 400,000 familias y apoyado por los elementos políticos más radicales del país. Nuestro protocolo usa siete certificaciones para conectar la propiedad informal con los mercados de capital:

  1. La ubicación de los recursos, la identificación de los propietarios y la existencia de normas y autoridades locales que determinen la validez y ejecutabilidad de los títulos.
  2. Que las normas existentes permitan que los títulos puedan servir como garantía para levantar capital en una jurisdicción determinada.
  3. Que los titulares tengan o estén preparados para adoptar una forma de organización empresarial que les permita ser reconocidos y protegidos en el mercado global.
  4. Que las normas existentes permitan que esos propietarios adopten mecanismos empresariales para limitar sus responsabilidades de manera que puedan protegerse de las decisiones que se adopten contra sus intereses personales.
  5. Que las leyes existentes también les permitan elegir con quienes se asocian y adquirir propiedad vía acciones y participaciones, de manera que puedan apropiarse de la plusvalía y convertirse en propietarios de industrias de alta productividad y gran escala.
  6. Que los títulos cumplan con las normas locales que gobiernan la formación del capital.
  7. Que los títulos cumplan con las reglas, enmiendas, prácticas, interpretaciones y prohibiciones que rigen los mercados financieros globales, incluyendo las normas antifraude tales como las leyes del mercado de valores de 1933 y 1934 de los Estados Unidos, así como convenciones internacionales para una globalización justa, los acuerdos de libre comercio y los tratados de inversión.

Para implementar y expandir nuestro plan, hemos iniciado un diálogo con los que están en el negocio de emitir certificaciones globalmente respetables:  bancos de inversión con impacto, aseguradores de títulos, titulizadores, compañías de autenticaciones, promotores del capitalismo de stakeholders, y estudios de abogados familiarizados con las reglas, enmiendas, prácticas e interpretaciones que gobiernan las leyes antifraude.

El COVID-19 es una tragedia, pero también nos permite vislumbrar una salida para desarrollar a los 2,000 millones de informales que la globalización dejó atrás.

“¿CÓMO LLEGAMOS A ESTO?”

“En dos etapas- dijo De Soto. “La primera comenzó en 1960 cuando la descolonización, las reformas agrarias y subdivisiones, migraciones masivas hacia las ciudades y centros mineros, y las invasiones de terrenos y vías públicas de las urbes comenzaron. La segunda se llevó a cabo durante 30 años, cuando más de una docena de nuevas convenciones internacionales han empoderado acumulativamente a los informales para obtener títulos más fuertes que les permiten ser contrapartes y no víctimas en la globalización postcomunista. De estos, los más importantes derivan de las convenciones de la OIT”, explicó. “En el Perú hemos identificado 1,469 normas (15 derivan del Tribunal Constitucional, 10 de la Corte Suprema, 594 de leyes, 680 de decretos supremos, 98 de resoluciones ministeriales y 72 actos administrativos), que confirman el derecho de propietarios informales a controlar las áreas donde se localizan la mayor parte de los recursos naturales renovables y no renovables del país”.